El consejero de Presidencia, Manuel Campos, y el decano del Ilustre Colegio de Abogados de Murcia, Francisco Martínez-Escribano, han firmado este jueves un convenio de colaboración para garantizar la asistencia jurídica gratuita a las personas privadas de libertad mediante la prestación y desarrollo de un servicio de Orientación Jurídico Penitenciario para este año 2013.

Este servicio "tiene un papel decisivo en el desarrollo de la vida penitenciaria", por medio del cual "se reconoce, respeta y garantiza el derecho fundamental que tienen las personas para acceder a una asistencia jurídica gratuita", recogido en el artículo 119 de la Constitución española, afirmó el titular de la Consejería de Presidencia.

El objetivo de este acuerdo es que "ninguna persona deje de recurrir al amparo de la Justicia" y, por ello, ha indicado, el servicio de Orientación Jurídico Penitenciario proporciona una orientación legal e información actualizada de la situación procesal, penal y penitenciaria, sin que ello suponga la intervención profesional en la dirección o defensa del interno en algún procedimiento o expediente.

Para el consejero, en un sistema penitenciario que tiene como objetivo la reinserción social "es imprescindible contar con un equipo de profesionales cualificados e implicados en garantizar el adecuado ejercicio de los derechos fundamentales y libertades de los ciudadanos, así como promover las condiciones para que la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean efectivas y reales".

Servicio de orientación jurídico penitenciario

El servicio, compuesto por un grupo de cinco letrados, atenderá personalmente y resolverá las consultas que, en materia jurídica, puedan plantear los reclusos internos en el Centro Penitenciario de Murcia-Sangonera. La asistencia jurídica se prestará mediante el desplazamiento de los abogados al centro penitenciario un día por semana y en horario de tarde.

El Colegio de Abogados confeccionará una lista de letrados, quienes previamente se habrán adscrito de forma voluntaria a este servicio y la Junta de Gobierno del Colegio considere en idóneas condiciones para prestarlo. Este servicio se financiará con una cuantía de 20.000 euros.

La información y asesoramiento de las personas privadas de libertad en las cuestiones de derecho penitenciario o relacionadas con el cumplimiento de la pena representan también una oportunidad para apoyar la formación de los estudiantes universitarios.

En este sentido, los alumnos de todas las Escuelas de Práctica Jurídica de la Región y, en especial, los alumnos del Máster de Criminología Aplicada a la Ejecución de las Penas de la Facultad de Criminología de la Universidad de Murcia, tendrán la oportunidad de ampliar sus conocimientos y desarrollar habilidades prácticas en materia de derecho penitenciario.

Los estudiantes acompañarán a los letrados a las visitas penitenciarias, lo que contribuirá a completar y mejorar la formación jurídica profesional de los futuros abogados, velando al mismo tiempo por una mayor garantía y mejor ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas.