La sentencia responde a la demanda presentada por siete compañías, entre ellas EMI Music y Vale Music, y por la asociación Productores de Música de España. Las productoras denunciaban que la empresa ponía a disposición del público, a cambio de un pago, archivos musicales de canciones de su titularidad. La sentencia considera que eso constituye una infracción de la propiedad intelectual.