En la madrugada del 17 de mayo de 2003, hace exactamente diez años, cuatro jóvenes secuestraron, violaron, atropellaron y quemaron viva a Sandra Palo. El cuerpo de Sandra, que tenía 22 años y una ligera discapacidad intelectual, fue encontrado a la mañana siguiente en un descampado. Una década después del brutal suceso, tres de los asesinos están en la calle. Eran menores. El cuarto, 'el Malaguita', mayor de edad, sigue en prisión con una pena de 64 años de la que cumplirá un máximo de 30.

María del Mar Bermúdez, la madre de Sandra, lleva desde aquel día denunciando la situación y proponiendo a los Gobiernos un cambio en la ley del menor. “No han cumplido ninguno lo que deberían haber cumplido, solo el mayor”, asegura María del Mar en una entrevista telefónica con 20minutos.

Reclama que los tres menores que asesinaron a su hija deberían haber cumplido la misma pena que 'el Malaguita', primero en un centro de menores y luego en una cárcel. “No sabemos de leyes”, dice, “pero sí de sufrimiento. Lo que le hicieron a mi hija es lo peor que pueden hacerle a un ser humano y están en la calle, tranquilamente”.

“Seguimos luchando, pero las fuerzas ya no son las mismas”, confiesa, “No ha sido una lucha llevadera por las trabas, por estar llamando a las puertas y no ser recibidos”. María del Mar asegura que ninguna de las promesas de cambios en la ley del menor que ha escuchado en los últimos años no se han cumplido. Este viernes, con motivo del aniversario del asesinato de su hija, María del Mar y su Asociación Sandra Palo para la defensa de las Libertades han convocado un acto en la delegación de Gobierno de Madrid para recordar a Sandra y sus reivindicaciones.

Un abogado especialista en asuntos de menores consultado por 20minutos explica que a los tres menores implicados en el crimen se les aplicaron las medidas más duras posibles. Dos de ellos, Ramón Santiago ‘el Ramón’ y Ramón Manzano ‘el Ramoncín’, eran mayores de dieciséis años en el momento de los hechos, así que el juez fijó para ellos ocho años de internamiento en un centro de menores y cinco de libertad vigilada. Al cumplir los 23 años, debían completar el resto del tiempo de privación de libertad en una cárcel, explica esta fuente, que ha pedido que no se publique su nombre.

El paso del centro de menores a la prisión no es automático: un juez debe comprobar si se han cumplido los objetivos de reeducación fijados para el menor y, si no se han cumplido, enviarlos a prisión a completar su reclusión. Tanto ‘el Ramón’ como ‘el Ramoncín’ estuvieron en el centro penitenciario algo más de un año y quedaron en libertad vigilada en 2011.

El abogado de menores explica que, cuando se juzga a un menor, un equipo técnico elabora un informe psicológico y social individualizado antes de que se tomen medidas contra él y se marcan unos objetivos para su reeducación. Si esos objetivos se cumplen antes del periodo fijado por el juez, la pena puede suavizarse, aunque en casos tan graves como este, tendría que cumplirse al menos la mitad de la pena. Ambos cumplieron los ocho años de internamiento, pero la madre de Sandra denuncia que ‘el Ramón’ no ha cumplido con la libertad vigilada: “El juez se lo perdonó”, asegura.

¿Y qué pasa si no se cumplen los objetivos marcados durante el internamiento y la libertad vigilada? “Nada”, afirma la fuente jurídica consultada, “si no ha cumplido los objetivos, mala suerte”. Un vez han acabado las medidas, no se pueden prorrogar, así que, según el abogado, el único incentivo para para cumplir con la reeducación es la posibilidad de obtener rebajas en los años de internamiento y libertad vigilada.

Rafael García Fernández, ‘el Rafita’, es el tercero de los menores implicados en la violación y asesinato de Sandra Palo. Entonces tenía 14 años. Él también recibió las medidas más duras para un menor de 16 años: cuatro años de internamiento en un centro de menores y tres años de libertad vigilada. En 2010, había cumplido con la justicia.

El caso del ‘Rafita’ es especialmente polémico, porque volvió a delinquir cuando salió a la calle, incluso durante el periodo de libertad vigilada. En 2011 fue detenido por su vinculación a una banda que se dedicaba al robo y al desguace de coches y quedó en libertad con cargos. También fue arrestado por conducir sin carnet y bajo los efectos del alcohol. El 31 de enero, el juez ordenó su búsqueda y captura por este último delito tras comprobar sus antecedentes, aunque la fiscalía recurrió esta decisión al considerar que los robos de coches y la infracción de tráfico no eran motivos suficientes.

En cualquier caso, la violación y el asesinato de Sandra Palo ya no están en el historial de Rafael García ni en el de los dos ‘Ramones’. Los delitos que se cometen antes de cumplir los 18 años no crean antecedentes penales, independientemente de su gravedad. Se archivan en un registro especial al que solo tienen acceso los jueces de menores y no pueden utilizarse en contra de la persona si vuelve a delinquir como mayor de edad.

Con ‘el Ramón’ ha ocurrido lo mismo: tras quedar en libertad, fue detenido por liderar una banda de atracadores en la Comunidad de Madrid que asaltaba tiendas de telefonía móvil armados con hachas y machetes.

María del Mar asegura que ninguno de los tres asesinos de su hija tienen una orden de alejamiento hacia ella o hacia su familia. No se siente protegida. “Pueden moverse libremente y, a pocos metros de mí, creo que está 'el Rafita'. Creo que está en Parla”, relata.

Desde que la familia de Sandra emprendió su cruzada pidiendo la reforma de la Ley del Menor, se han realizado algunos cambios en esta norma: en 2006 se aprobó una norma que alargaba el máximo de las medidas de internamiento a los menores de 16 hasta los cinco años y que aumentaba el tiempo de medidas cautelares contra los menores desde los seis meses hasta los nueve. Son unos reformas mucho más leves que los que exigía la familia de Sandra Palo, que pedía que en ciertos casos extremos se pudiera condenar a los menores como si fueran adultos.

En 2008, asegura la madre de Sandra, Rajoy se comprometió a modificar la Ley del Menor en cuanto llegara al Gobierno si obtenía la mayoría absoluta. Todavía no lo ha hecho. “Tuvimos una reunión muy privada con el señor Gallardón”, explica, “llevamos el proyecto que hemos presentado en todos los sitios. Le pareció perfecto y nos dijo que estaba con nosotros. Salimos bastante contentos. Otra promesa no cumplida”.

El de María del Mar es uno de los ejemplos más mediáticos de una lista de ‘padres coraje’ que, tras sufrir la muerte de sus hijos han emprendido una batalla pidiendo cambios en la Justicia. Otro caso bien conocido es el de Juan José Cortés, el padre de la niña Mari Luz, que recorrió toda España recogiendo firmas para pedir un endurecimiento de las condenas por ciertos delitos de extrema gravedad en el Código Penal.

El pasado mes de octubre, vio cómo muchas de sus demandas aparecían en la reforma del ministro de Justicia en forma de prisión permanente revisable. Los padres de Sandra Palo pidieron entonces que estas modificaciones se aplicaran también a menores de edad.

Tras el homenaje de este viernes, María del Mar y su familia se volcarán en un nuevo proyecto llamado ‘Tú puedes pararlo’ contra el ‘bullying’ y el acoso en redes sociales. Asegura que están ilusionados y que creen mucho en él. “No quiere decir que yo vaya a abandonar la lucha”, aclara, “A llega el juicio de los niños de Córdoba, procuraremos estar allí con la familia. Con lo de Marta del Castillo estamos también consternados. Mientras las fuerzas sigan ahí, aunque flaqueen hay que seguir adelante”.