El rector de la Universidad de Sevilla (US), Antonio Ramírez de Arellano, tiene prevista su participación en una reunión programada para las 9,30 horas de este jueves 16 de mayo, que finalmente se llevará a cabo en el Pabellón de Uruguay con representantes del Consejo de Alumnos de la Universidad de Sevilla (Cadus) y el Movimiento de Acción Estudiantil (MAE), con la finalidad de debatir la petición realizada por el colectivo de alumnado respecto al pago fraccionado de la matrícula.

La portavoz del Cadus, Nerea de Tena, ha indicado a Europa Press que, mientras que el actual decreto de precios públicos de la Junta establece la posibilidad de fraccionar el abono en dos plazos, "queremos que se apueste por cuatro pagos", aludiendo a la pretensión de que la Hispalense asuma los términos una propuesta similar realizada por la Universidad de Cádiz a la administración regional.

Con motivo de la pasada huelga general en el sector de la educación contra la reforma y los recortes, el 9 de mayo, un grupo de alumnos de la Hispalense intentó ser recibido por Ramírez de Arellano —que no se encontraba en su despacho, por lo que se reunieron con la Gerencia—, para exponerle sus reivindicaciones respecto al pago fraccionado, que la universidad remite a la política de precios de la Junta de Andalucía.

Y es que la US ha asegurado que ya se trabaja para ver si desde el punto de vista técnico es posible la operación reivindicada por el movimiento estudiantil en base a las dificultades que, según sostiene el Cadus, muchos discentes sufren, llevando incluso al abandono de la formación académica. No obstante, la vicerrectora de Estudiantes de la Hispalense, Julia de la Fuente, indicó a Europa Press que "estamos sujetos a un decreto de precios públicos y no depende de nosotros, sino de la Junta".

Al objeto de paliar problemáticas derivadas de la precariedad económica, el Rectorado firmó una convocatoria extraordinaria de ayudas sociales por un montante de 171.910 euros destinados a alumnos que, por diversas circunstancias, puedan encontrarse en mala situación financiera como consecuencia de una circunstancia sobrevenida.

Para la concesión de estas ayudas los solicitantes han debido alegar una disminución "drástica" de al menos el 10 por ciento —con excepciones— en los ingresos de su unidad familiar como consecuencia de una situación producida en 2001 o 2012, y siempre que se considere justificada. Entre estas eventualidades se contarían la situación de desempleo de algún familiar que aportara ingresos anteriormente, así como el fallecimiento o enfermedad grave de algún miembro del núcleo hogareño, separación o divorcio, reconocimiento de un grado igual o superior al 33 por ciento de discapacidad, mujeres en situación de especial vulnerabilidad o afectados por catástrofes naturales.