Representantes de grupos de indígenas y activistas de derechos humanos expresaron su indignación por el aplazamiento, por parte de la Asamblea General de la ONU, de la aprobación de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, aprobó la Declaración el pasado 29 de junio, pero el III Comité de la Asamblea General, que se encarga de asuntos sociales y culturales, no logró ratificarla el 28 de noviembre.

Este comité aprobó una moción para aplazar la decisión, a solicitud de los países africanos, que contaron con el apoyo de Australia, Canadá, EEUU y Nueva Zelanda.

"Estamos indignados, después de 20 años de trabajo, cuando la Declaración simplemente son estándares mínimos para respetar los derechos de los 370 millones de indígenas de todo el mundo", dijo Roberto Mucaro Borrero, de la etnia taína y representante del Caucus (reunión de jefes) de los Pueblos Indígenas.

Mucaro mostró su decepción porque fueran los países africanos, que tienen amplias comunidades indígenas y que se mantuvieron al margen durante las negociaciones de la Declaración, los que hubieran bloqueado la aprobación.

"Estos países no bloquearon el documento en el Consejo de Derechos Humanos y sí lo han hecho en el III Comité. En esto tienen que ver consideraciones como relaciones económicas y presiones por parte de otros gobiernos", aseguró Mucaro, miembros de la Confederación Unida de Pueblos Taínos.

Resaltó que las objeciones de los países que lograron posponer la Declaración son relativas al apartado sobre los derechos a los recursos naturales de los pueblos indígenas.

"El desarrollo en nuestro países se ha producido gracias a los recursos que hay en tierras donde habitan los indígenas, pero los beneficios no se han compartido con nuestras comunidades", puntualizó.

Daña la credibilidad del Consejo

Por su parte, Phil Fontaine, jefe nacional de la Asamblea de Primeras Naciones de Canadá, afirmó que el aplazamiento es "una falta de respeto" para las poblaciones indígenas del mundo, especialmente porque la Declaración no tiene carácter vinculante.

"No sólo ha dañado las perspectivas de los indígenas, sino la credibilidad del Consejo de Derechos Humanos", agregó.

Se lamentó de que el nuevo Gobierno de Canadá, país que estuvo involucrado y que apoyó las negociaciones para la elaboración del documento, eche ahora marcha atrás y obstaculice el proceso de aprobación.

De forma similar se expresó Alison Graham, de la organización Servicio Internacional para los Derechos Humanos, quien deploró que la ONU haya perdido una oportunidad histórica para abordar la brecha existente entre indígenas y el resto de la población en materia de derechos humanos.

"Esta decisión demuestra la discriminación que padecen los indígenas en comparación con resto de la gente, pues se les impide que puedan tener control de sus vidas, acceso a los recursos naturales y practicar sus culturas", declaró Graham.

Lamentó que hayan sido las agendas de las políticas nacionales de los países las que hayan socavado el trabajo que se realizó durante dos décadas a favor de los derechos de las comunidades autóctonas y que ha sido reconocido por el Consejo de Derechos Humanos.

La Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas reconoce el derecho de los 370 millones de indígenas en todo el mundo a la libre determinación y establece que estas comunidades deben dar su consentimiento a la explotación de los recursos naturales de sus tierras y limita las actividades militares sobre esos territorios.