Los ministros de Pesca de la Unión Europea (UE) continúan reunidos en Bruselas en busca de acordar una posición común sobre la reforma de la Política Pesquera Común (PPC), un paso más pero importante para intentar alcanzar un acuerdo definitivo con el Parlamento Europeo (PE) a finales de mayo.

El Consejo de Ministros, que se inició el lunes a las 13.00 GMT y que continúa en la madrugada del martes al miércoles, trata de fijar una nueva posición sobre la reforma que incluya más concesiones a la Eurocámara -colegislador en esta materia- que la aprobada el pasado febrero.

La Presidencia irlandesa de turno de la Unión ha dejado claro lo urgente que es llegar a una posición de compromiso en este Consejo para intentar cerrar la reforma definitiva con el PE a finales de mayo o principios de junio.

La razón es que Lituania, que tomará el relevo de Irlanda al frente de la Unión en el segundo semestre del año, prevé un calendario demasiado cargado con la tradicional negociación de las cuotas pesqueras de los Estados miembros en diciembre como para acometer el cierre de la reforma de la PPC. Además, los ministros tienen en mente que 2014 estará marcado por las elecciones al PE y la renovación de los miembros de la Comisión Europea (CE).

En este contexto, la Presidencia irlandesa celebró a lo largo del martes reuniones a tres bandas, con las delegaciones y la CE, a fin de determinar hasta qué punto están dispuestos los países a ceder en sus ambiciones ante la posición que mantiene la Eurocámara, más proclive a políticas conservacionistas y ecológicas.

El ministro irlandés del ramo, Simon Coveney, decidió al término de una primera ronda de contactos iniciar una segunda con los delegaciones con más intereses pesqueros para limar aún más las diferencias, indicaron fuentes comunitarias.

Así, la reanudación de la sesión plenaria, en la que la Presidencia debe presentar una nueva propuesta de compromiso que recoja las opiniones de los países, se ha ido posponiendo.

El ministro español de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ya auguró a su llegada al Consejo que la reunión se presentaba "complicada".

"Como en todo acuerdo todo el mundo tiene que ceder algo. Procuraremos que las cesiones no sean en ningún tema sustancial y que podamos seguir defendiendo al sector pesquero como lo hemos venido haciendo en los compromisos anteriores", afirmó ante la prensa.

Arias Cañete aseguró que va a defender ante sus socios comunitarios un equilibrio entre la "necesaria conservación de los recursos pesqueros y la sostenibilidad económica y social de la flota pesquera de nuestro país".

Entre los asuntos qué más preocupan a España se encuentra la determinación de excepciones (regla de minimis) a la obligación que impondrá la reforma de descargar toda la captura en puerto y de prohibir los descartes.

Ahí España pide poder descartar el 7 % de los totales admisibles de capturas (TAC) de especies sometidas a obligación de desembarco, con un calendario transitorio, así como mantener un 10 % de flexibilidad entre especies.

Arias Cañete destacó que también abordaría temas "muy específicos españoles", como intentar que las almadrabas se incluyan en la definición de buque pesquero, o defender la modificación de los planes de gestión pesquera de manera que las competencias del Consejo queden "salvaguardadas".

Otros países con objetivos similares a los de España son Francia, Portugal, Polonia, Grecia, Rumanía, Eslovenia o Croacia (que entrará en la UE el próximo 1 de julio).

En el debate público celebrado por los ministros a lo largo del Consejo, el titular español recordó ante sus homólogos que España se juega en esta reforma la actividad de 10.500 buques y más de 41.000 puestos de trabajo, "en una coyuntura económica muy grave".