El fiscal general de EE UU señala que la filtración a AP requirió "medidas muy agresivas"

  • El secretario de Justicia y fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, asegura que la filtración "es una de las más serias" que ha visto en su carrera.
  • Culpa al 'número dos' de su Departamento, James Cole.
  • La Casa Blanca defiende la libertad de prensa ante las denuncias de espionaje.
Imagen de la fachada de la agencia de noticias estadounidense Associated Press (AP) en su sede de Nueva York.
Imagen de la fachada de la agencia de noticias estadounidense Associated Press (AP) en su sede de Nueva York.
EFE
Imagen de la fachada de la agencia de noticias estadounidense Associated Press (AP) en su sede de Nueva York.

El secretario de Justicia y fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, aseguró este martes que la filtración a la agencia Associated Press (AP), que motivó el registro secreto de conversaciones telefónicas por su Departamento, "es una de las más serias" que ha visto en su carrera. "Es una de las dos o tres filtraciones más serias que he visto", dijo el secretario de Justicia, quien aseguró, además, que "puso en peligro a los ciudadanos de Estados Unidos" y requirió "medidas muy agresivas" para investigarla.

Holder aclaró que él se separó de la investigación del Departamento de Justicia desde el principio, por lo que desconoce los detalles del requerimiento que condujo a registrar las llamadas telefónicas de AP, el cual fue dirigido por el subsecretario de su Departamento, James Cole.

El fiscal general aseguró que, al apartarse de la investigación, él quiso "asegurarse de que fuese considerada independiente" y "evitar incluso la apariencia de un conflicto de intereses", a lo que sumó su continuo contacto con los medios.

De acuerdo con AP, los investigadores federales recopilaron información, sin advertirlo a la agencia, de al menos 20 de sus líneas telefónicas en abril y mayo de 2012 sobre las llamadas salientes desde sus oficinas en Nueva York, Washington y Hartford (Connecticut).

Ronald Machen, quien trabaja para el Departamento de Justicia en Washington, fue quien reveló a AP en una carta el pasado viernes que la fiscalía federal había obtenido los registros. Según revelaron varios medios este martes, Machen dirige una investigación sobre la filtración de información clasificada acerca de un complot de la red terrorista Al Qaeda que la Agencia Nacional de Inteligencia (CIA) frustró el pasado año en Yemen, y cuyo objetivo era detonar una bomba dentro de un avión con destino Estados Unidos.

Un artículo de AP publicado la primavera pasada informó de los detalles de la operación, lo que dio origen, supuestamente, a la investigación para hallar el origen de la filtración.

Mientras, la Casa Blanca indicó que el presidente de EE UU, Barack Obama, es "un firme defensor de la libertad de prensa" y está a la espera de más información sobre la investigación del Departamento de Justicia en el trabajo de Associated Press. El presidente "se enteró este lunes de las denuncias sobre acciones del Departamento de Justicia en relación con AP", afirmó el portavoz presidencial Jay Carney durante su rueda de prensa diaria.

"Cualquier comentario de nuestra parte es inapropiado en este momento", agregó, aunque indicó que "puedo decirles que el presidente cree, firmemente, que la prensa debe operar sin restricciones".

"Grave afrenta a la libertad de información"

Por su parte, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha asegurado que la incautación de los registros es "una grave afrenta a la libertad de información" y una violación del derecho a mantener la confidencialidad de las fuentes.

"La indagación del Gobierno en este caso constituye una grave afrenta a la libertad de información y una violación al derecho a la reserva de las fuentes confidenciales, fundamental para el ejercicio de una prensa libre", defendió Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.

"La SIP se suma a la petición del presidente y director general de AP, Gary Pruitt, quien exigió al Gobierno la devolución de los registros telefónicos y la destrucción de todas las copias", añadió.

En ese sentido, afirmó que no podía obligarse a ningún periodista a revelar sus fuentes de información y que todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales.

En el informe que la SIP presentó en marzo sobre la situación de la libertad de prensa en EE UU se aseguraba que "la Administración de Obama ha enjuiciado, por presuntas filtraciones bajo la ley de espionaje de 1917, a más funcionarios del Gobierno que todos sus predecesores juntos desde la Administración de Reagan".

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