Un estudio de medio centenar de páginas elaborado por los estudiantes de la Clínica Jurídica per la Justicia Social de la Universitta de València concluye "de forma contundente" la competencia de la Generalitat para no aplicar el copago farmacéutico impuesto en el Real Decreto Ley 16/2012 a los discapacitados severos.

Así, se desprende este estudio elaborado por los estudiantes de la Clínica Jurídica bajo la supervisión de dos catedráticos de la Facultad de Derecho que fue encargado por el Comité Ejecutivo del

Cermi cv para analizar la reciente reforma del régimen sanitario de las personas con discapacidad en la Comunitat Valenciana, según ha informado en un comunicado esta asociación.

De este modo, el informe, tras dos meses de trabajo, señala que el decreto estatal de 2012 "no sólo no obliga a modificar la normativa autonómica", sino que, a través de una cláusula, permite que "se mantengan aquellas regulaciones que las distintas Comunidades han aprobado para dispensar una especial protección a las personas con discapacidad".

La Generalitat justificó su decisión de eliminar la gratuidad de productos farmacéuticos y ortoprotésicos para las personas con discapacidad en la necesidad de ajustar la normativa autonómica al Real Decreto Ley 16/2012, que estableció un nuevo sistema de aseguramiento sanitario común para todo el Estado en función del nivel de renta.

No obstante, recuerdan que el conseller de Sanidad, Manuel Llombart, "abrió la puerta a la reintegración de la gratuidad" si el

Cermi cv "presentaba un informe jurídico que demostrase la competencia de la Generalitat para volver a la gratuidad". El

Cermi cv aceptó la propuesta y encargó el preceptivo dictamen a la Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho.

Así, el dictamen aporta "múltiples indicios" de la existencia de dicha competencia autonómica, como varias sentencias del Tribunal Constitucional, el mantenimiento de la gratuidad para otros colectivos (como los menores tutelados por la Generalitat o los niños y adolescentes valencianos con alguna discapacidad) o el hecho de que otras Comunidades, como Navarra, el País Vasco y Castilla-León la recogen en sus leyes y la aplican.

Cermi cv recuerda que se opuso con protestas a la derogación del art. 16.2 de la Ley del Estatuto del Discapacitado hecha efectiva por la Generalitat Valenciana, pues "privaba a los ciudadanos con discapacidades severas del acceso gratuito a los fármacos y productos ortopédicos, una prestación de la que gozaban desde 2003".

Además, señala que la derogación se produjo "sin ningún tipo de aviso ni consulta" al sector de la discapacidad, lo que también fue "objeto de críticas en su momento por vulnerar las normas que obligan a efectuar tales consultas".

Del mismo modo, el estudio demuestra que, tras el decreto estatal de 2012 y durante varios meses, el Ministerio de Sanidad "tuvo conocimiento de la existencia de dicha gratuidad y no la recurrió en ningún momento ni exigió a la Generalitat que la eliminase".

Discriminación indirecta

Por último, el dictamen sostiene que la supresión decidida por el Consell supone una medida "de discriminación indirecta" contra el colectivo de las personas con discapacidad que "atenta" contra el principio de igualdad recogido en la Constitución y "agrava" la situación personal, familiar y social de estas personas," dificultando su integración al crear barreras insalvables en el acceso a medicinas y productos ortopédicos que son esenciales para desarrollar una vida normal".

Los autores del informe han recordado que el sobrecoste que afronta una familia valenciana por el hecho de contar entre sus miembros con una persona discapacitada supera los 3.000 euros al año, aun contando con las ayudas y prestaciones que recibe del Estado. Sin embargo, esa situación de "desventaja se ve ahora agravada por la decisión de la Generalitat de someter a las personas con discapacidad al régimen general de copago en distintas prestaciones, no solo la farmacéutica".

Tras recibir el dictamen, el presidente del

Cermi cv, Juan Planells, ha agradecido el trabajo de los miembros de la Clínica Jurídica y ha afirmado que en los próximos días solicitará una reunión con el conseller de Sanidad para hacerle entrega del informe y demandar el restablecimiento del artículo derogado de la Ley del Estatuto del Discapacitado y garantizar así el acceso gratuito de estas personas a la prestación farmacéutica y ortoprotésica.