La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Albacete tiene previsto juzgar este miércoles, 15 de mayo, a M.A.S.G. por un delito de estafa cometido sobre una vivienda y por el que la Fiscalía le pide una pena de tres años de prisión, multa de 2.880 euros, y la indemnización de 10.000 euros a la propietaria de la vivienda por los daños y perjuicios provocados.

Según recoge el escrito de acusación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, en Albacete, en marzo de 2011, después de haber leído un anuncio en un diario provincial sobre una oferta relativa a la venta de un ático en un edificio en construcción en la capital, M.D.M.A. contactó con el anunciante, que es el acusado, M.A.S.G., y concertaron una cita para el día siguiente en el establecimiento regentado por el acusado.

En esa entrevista, el acusado le entregó la memoria de calidades del piso, los planos, le informó sobre el precio de la vivienda, fijado en 229.000 euros, y le explicó que había abaratado el precio de las viviendas porque deseaba obtener rápidamente dinero para invertirlo en otros negocios y le mintió al decirle que las obras de construcción se reanudarían en unos quince días, cuando estaban paradas desde hacía seis meses.

La denunciante y su marido visitaron la obra, comprobando su paralización, y el acusado les insistió en que la construcción proseguiría inminentemente y que estaría terminada a primeros de 2012. Como el acusado les dijo que había otras personas interesadas en el mismo ático, allí mismo apalabraron la compraventa del inmueble.

Al día siguiente, el acusado, mediante un correo electrónico, les urgió la entrega de 10.000 euros para que les pudiera reservar el ático elegido, dado ese afirmado interés de otros posibles compradores y les apresuró para que abonaran rápidamente el resto del precio, ya que, pese a haber vencido la oferta el día anterior, él les concedía unos días más para reunir el dinero restante para pagar, que eran 159.000 euros a la firma del contrato y 60.000 euros a la firma de la escritura. Así las cosas, la denunciante fue a la sucursal de una entidad bancaria y transfirió 10.000 euros a la cuenta corriente cuya titularidad correspondía a la mercantil del acusado.

Una semana más tarde, los compradores acudieron al comercio para transmitirle al acusado su inquietud porque habían conocido que el ático seguía siendo ofrecido en venta. El acusado lo negó tajantemente y para tranquilizarlos, aceptó —sin coste adicional— las reformas que en ese momento solicitaron los compradores que se hicieran en el piso y, a tal fin, al día siguiente les confirmó que los planos serían modificados.

El jueves 24 de marzo, el acusado les envió por vía electrónica un ejemplar del contrato y les urgió de nuevo para firmarlo diciendo que no podía esperar más y que contratarían directa y personalmente sin la intervención de ningún abogado y un día después, la denunciante —habiéndose informado sobre la insolvencia económica del acusado— le comunicó que no firmarían el contrato, que el acusado no había pensado cumplir, y le exigieron la devolución del dinero entregado a cuenta del pago del precio, dinero que el acusado nunca les devolvió.

El 6 de mayo de 2012, más de un año después sin saber nada y sin haber recuperado su dinero, la denunciante acudió a la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía para entregar un escrito de denuncia contra el acusado.