Julio César Agudo, un madrileño de 32 años, solicitó hace tres años una vivienda protegida del Plan Joven del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima). Cuando ya había perdido toda esperanza de resultar beneficiado, recibió por sorpresa una comunicación del organismo regional: "Me llamaron para contarme que habían quedado viviendas disponibles porque sus adjudicatarios originales las habían rechazado. Fue un gran alivio para mí: no me podría permitir un alquiler libre, su precio está por las nubes y mi única opción era compartir una casa, pagar un dineral o meterme en un estudio pequeño", asegura este joven. Ahora paga 415 euros al mes por la casa y el garaje, con la posibilidad de optar a la compra del piso, con un descuento del 50% sobre su precio. "Es como si me hubiera tocado la lotería", se felicita Julio César.

En el último año (desde febrero de 2012), un total de 1.740 madrileños han recibido la misma llamada que Julio César, según datos facilitados por el Instituto de la Vivienda de Madrid, dependiente de la Consejería de Transportes y Vivienda. El golpe de buena suerte de estas personas es la cara positiva de un problema que afecta a muchos madrileños: miles de adjudicatarios de viviendas públicas se han visto obligados a rechazar el piso que les ha tocado por sorteo porque sus condiciones económicas han empeorado. Al quedar estas casas disponibles, la Comunidad de Madrid ha optado por abrir un nuevo proceso de adjudicación, entregándoselas a personas que habían quedado descartadas o a nuevos solicitantes.

"Las viviendas que actualmente están disponibles, lo están porque el joven al que le tocó en el sorteo ha decidido renunciar a la vivienda. La mayor parte de las personas que renuncian aducen causas económicas como paro o inestabilidad laboral", explican portavoces de la Consejería de Transportes. Entre las personas que rechazan la vivienda también están aumentado aquellos que "se encuentran fuera de nuestra comunidad o bien en el extranjero", es decir, madrileños que solicitaron la vivienda pero perdieron el trabajo y han decidido emigrar fuera para ganarse la vida.

Aunque también hay otras causas al margen de los problemas económicos: según expertos inmobiliarios, muchas personas renuncian al piso protegido al cambiar sus condiciones familiares, principalmente por una ruptura de pareja.

El Ivima tiene viviendas disponibles en 26 municipios por toda la Comunidad. La mayoría de ellas están en ciudades del área metropolitana (como la propia capital, Getafe o Móstoles), pero también las hay en municipios de la periferia regional (Villarejo de Salvanés, Collado Villalba o Meco). Para dar salida al elevado stock de viviendas sin adjudicar o rechazadas, la Comunidad dictó una resolución para crear una lista única de solicitantes y para publicar un listado con los inmuebles disponibles. En la lista se pueden apuntar los madrileños menores de 35 años que quieran optar a alguna de las viviendas sin adjudicar.

Mediante esta iniciativa, se da la oportunidad de conseguir una vivienda protegida a personas que no habían salido agraciadas en el sorteo. Pero también es un alivio para la Comunidad, que puede rentabilizar su enorme cantidad de propiedades inmobiliarias. El Ivima tiene en propiedad 20.635 pisos, pero el 9,1% de ellos están vacíos (1.890 en total), según un informe publicado en marzo por la Defensora del Pueblo con datos proporcionados por la Comunidad. De estas viviendas no adjudicadas, 289 se encontraban en proceso de adjudicación, 840 estaban en reparación por desperfectos causados por sus anteriores inquilinos y 766 estaban ocupadas ilegalmente (en muchos casos, por familias necesitadas de un techo).