El presidente de la Cámara de Comptos, Helio Robleda, ha considerado que auditar el patrimonio de los cargos públicos, tal y como han propuesto el Gobierno foral y Aralar-NaBai, "no tiene nada que ver con la gestión de los fondos públicos", por lo que, según ha dicho, "esta función excede claramente" las competencias del órgano fiscalizador y "no tiene precedentes a nivel nacional, europeo o internacional".

Además, ha afirmado que se plantean "serias dudas" sobre "la eficacia de esta nueva función" que, en su opinión, "puede ser limitada", ya que "la corrupción y los incrementos ilícitos de rentas y patrimonios, no se declaran y van por otros circuitos".

"Las declaraciones de bienes de los altos cargos o sus declaraciones de renta no van a reflejar, como es obvio, los incrementos ilícitos de rentas o patrimonio", ha subrayado Robleda este martes en una comisión parlamentaria, a petición de Izquierda-Ezkerra, en la cual ha valorado tanto el proyecto de ley presentado por el Gobierno foral para que Comptos audite el patrimonio de cargos públicos, como la propuesta de ley presentada por Aralar-NaBai que busca el mismo fin.

Durante su intervención, el presidente de Comptos ha avisado de que esta medida "puede crear en la ciudadanía falsas expectativas en ese terreno muy difíciles de cumplir" y ha sostenido que la misma expone al órgano fiscalizador "a un alto riesgo de fracaso en el ejercicio de esta función, si no se cumplen las expectativas".

Además, ha opinado que las propuestas plantean "múltiples incertidumbres sobre hasta dónde debe llegar la investigación rigurosa para llegar a un pronunciamiento acertado" y ha remarcado que "se añadirían a Comptos funciones de investigación propias de la Agencia Tributaria, la fiscalía, incluida la anticorrupción, y de los órganos jurisdiccionales".

"Esta nueva función exige además evaluar el impacto de la misma en el programa de fiscalización anual de la Cámara de Comptos, con el objeto de mantener el equilibrio en el desarrollo de las funciones actuales y de la nueva función", ha agregado.

En cualquier caso, Robleda ha agradecido la "confianza" que han depositado en la institución tanto el Gobierno foral como Aralar-NaBai al proponer que Comptos audite las cuentas de los cargos públicos y ha asegurado que el órgano fiscalizador asumirá esta nueva función "si así finalmente se la asigna este Parlamento".

"dudas sobre su constitucionalidad"

Por su parte, el secretario general de la Cámara de Comptos, Luis Ordoki, que ha sido el encargado de hablar sobre los aspectos jurídicos de las propuestas, ha afirmado que ambas iniciativas legislativas, "en especial el proyecto del Gobierno, parten de unos fundamentos jurídicos que no son ciertos, ya que los ingresos de los cargos públicos una vez percibidos entran en la esfera de lo privado".

También ha considerado "incierto" señalar que "fiscalizar la evolución de los ingresos y patrimonio de los altos cargos sea una forma de fiscalizar al sector público, dado que aunque sean altos cargos, la gestión que hagan de sus ingresos y patrimonio es una gestión privada".

Igualmente, Ordoki ha subrayado que en las propuestas de ley se reflejan "dudas fundadas sobre la constitucionalidad de estas iniciativas" puesto que "se le quiere asignar a Comptos una función de control de actividades, rentas y patrimonio privados, que corresponde a otras instituciones y poderes del Estado".

Además, ha considerado que "este nuevo procedimiento de control y fiscalización individual de personas carece de garantías propias de los procedimientos administrativos y jurisdiccionales ordinarios, con un contenido y alcance que puede afectar a la privacidad y a los derechos fundamentales de las personas".

La mayoría de la oposición pide su retirada

En el turno de los grupos parlamentarios, Txema Mauléon, de I-E, ha resaltado que ambos proyectos "tienen dudas serias de constitucionalidad", por lo que ha pedido que las dos propuestas "se retiren" y sea Comptos la que "en la medida que es la institución encargada de la transparencia de las instituciones públicas haga una propuesta sobre en qué ámbitos de la transparencia podemos avanzar".

Por parte de UPN, Carlos García Adanero ha agradecido la información trasladada por los representantes de Comptos y ha afirmado que una vez que los servicios jurídicos de la Cámara elaboren el informe que les solicitó la Mesa y Junta de Portavoces sobre ambos proyectos de ley su partido "tomará las medidas oportunas en su momento".

Por su parte, el socialista Roberto Jiménez ha remarcado que las explicaciones dadas "constatan una percepción que ya teníamos como es que estas proposiciones tenía difícil encaje desde un punto de vista jurídico y operativo y que estaban cogidos por alfileres". Por ello, también ha solicitado que se retiren estas iniciativas porque aunque "persiguen un buen fin, los proponentes no han encontrado el cauce oportuno para alcanzarlo".

En representación de Bildu, Maiorga Ramírez ha opinado que "las conclusiones" aportadas "ponen en evidencia el ridículo del Gobierno a la hora de traer leyes" y ha exigido "la inmediata dimisión del consejero responsable de la presentación de esta ley". Además, tras pedir al Gobierno que retire este proyecto que ha tildado de "chapuza", ha subrayado que esta iniciativa se presentó "para lavar la deteriorada imagen de Barcina, porque coincidió con el desfile de imputados por CAN".

Desde las filas de Aralar-NaBai, Juan Carlos Longás, que ha definido como "claras" las explicaciones dadas por Comptos, ha señalado que la coalición va a tomar "muy en cuenta" la opinión del órgano fiscalizador sobre la posibilidad de auditar a los cargos públicos y "actuará en consecuencia". A su juicio, es "necesario incrementar la transparencia y que la opinión pública sepa que la acción pública es honesta".

Finalmente, Eloy Villanueva, del PPN, ha argumentado que "la conclusión de Comptos es bastante clara" y que "aunque el propósito de ambos proyectos es bueno, el resto es un absoluto desastre".