Un total de 4.385 deudores hipotecarios han solicitado acogerse al Código de Buenas Prácticas (CBP) bancarias durante el primer año de funcionamiento, 755 de la Comunitat Valenciana, según ha informado el Ministerio de Economía.

En concreto, las peticiones se han presentado ante 27 bancos y 19 cooperativas de crédito, y la deuda pendiente alcanza los 582.783 euros. De las 4.385 solicitudes, 1.063 se encontraban pendientes de tramitación al finalizar el primer trimestre de 2013 (el 24% del total).

Además, de las 3.322 solicitudes ya tramitadas, en 594 casos se procedió a la reestructuración de la deuda, otros 298 acabaron en dación en pago, 238 desistieron, 2 con quita y 2.190 fueron denegados por no cumplir los requisitos.

Tras un año en funcionamiento, el CBP cuenta con 97 entidades adheridas, la práctica totalidad de las que tienen actividad hipotecaria en España. Su objetivo es proteger a los deudores que no pueden hacer frente al pago de la hipoteca como consecuencia de la crisis.

Este Código permite al deudor reestructurar la deuda, fijar una quita y, en última instancia, la dación en pago. La adhesión al CBP es voluntaria por parte de las entidades financieras, pero una vez efectuada, el cumplimiento es obligatorio durante un plazo de dos años.

Durante este primer año de funcionamiento, las solicitudes de adhesión al CBP han ido aumentado a un fuerte ritmo, hasta alcanzar las 4.385 actuales. Del total acumulado en este primer año, la mayor parte de las solicitudes se han efectuado en Andalucía (1.156), Cataluña (1.028), la Comunitat Valenciana (755), Madrid (364) y Murcia (315).

Estas cinco comunidades concentran el 82,51% del total de solicitudes. Por provincias, la que más concentra es Barcelona (809) y la que menos, Huesca (1).

Cerca de 600

Reestructuraciones de deuda

En cuanto a la resolución de las solicitudes tramitadas al finalizar el primer trimestre de este año, 2.190 fueron denegadas y 894 realizadas, mientras que en 238 casos el deudor desistió, sin que puedan determinarse las causas.

Por otra parte, se procedió a la reestructuración de la deuda en 594 casos (el 66,4% de los resueltos y el 17,88% de los expedientes tramitados). Además, en 298 casos (el 33,3% y el 8,97%, respectivamente) se acordó la dación en pago y la consiguiente cancelación de la deuda, y en dos casos se pactó una quita.

Las denegaciones respondieron a que el préstamo o crédito no reunía los requisitos establecidos en la norma (45%), falta de entrega de la documentación (29,4%) o incumplimiento de los umbrales de renta o situación familiar para acogerse (21,55%).

Estos umbrales han sido elevados en la modificación que acaba de ser aprobada por el Senado y que entrará en vigor en los próximos días. Por ejemplo, se sube hasta tres veces el IPREM (1.597,53 euros mensuales) el nivel de ingresos familiares para acogerse al CBP, el valor de la hipoteca (entre 240.000 y 400.000 euros dependiendo del número de habitantes de la ciudad donde está ubicado el inmueble), entre otras mejoras. Con estas medidas, cabe esperar que el número de denegaciones baje de forma relevante ya el próximo trimestre.