La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada acoge este martes y miércoles el juicio contra el exalcalde de Deifontes (Granada), el socialista Manuel Espínola, por presuntamente no tomar medidas contra un local del municipio con un límite de ruidos superior al legalmente establecido, por un delito contra el medio ambiente y dos delitos de lesiones.

La Fiscalía de Granada solicita para él dos años de prisión y multa de 2.100 euros y también acusa al dueño del local, al que atribuye un delito contra el derecho fundamental al medio ambiente y la calidad de vida de las personas y dos delitos de lesiones, por los que se enfrenta a seis años y medio de prisión, multa de 9.000 euros e inhabilitación especial para la profesión u oficio por tiempo de cuatro años.

Según consta en el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press, fue en el año 2008 cuando el procesado José A.R. abrió la cafetería 'Atalaya-pub' en la Plaza de España de la localidad de Deifontes (Granada). El local obtuvo el 20 de marzo de 2009 licencia municipal de apertura y primera ocupación para cafetería, sin cocina y sin música, aunque su propietario tuvo "desde un primer momento" la intención de instalar en el mismo un pub y destinarlo a fiestas.

El procesado, de forma habitual, incumplía el horario de cierre del establecimiento, que permanecía abierto hasta altas horas de la madrugada particularmente los fines de semana, actividad que desarrollaba de forma "clandestina" pues el Ayuntamiento no la permitía.

Así pues, desde el comienzo, el inculpado tuvo en el local equipos de música que generaban un alto nivel de ruidos, lo que provocaba asimismo "un nivel ilícito de inmisión en las viviendas del entorno", que se repetía "día tras día" durante años, generando "una grave perjuicio a la salud de los vecinos", especialmente a aquellos que vivían en la misma plaza.

Como consecuencia, estas personas presentaron desde el 2009 continuas y reiteradas denuncias ante el Ayuntamiento de Deifontes, poniendo de manifiesto las molestias padecidas, sin que el alcalde, Manuel Espínola, "llevara a cabo ninguna actuación ni adoptara las medidas legalmente establecidas para verificar la situación e inspeccionar la actividad de la cafetería", actuando "con total pasividad y dejación de funciones", a pesar de "conocer perfectamente" lo que ocurría.

Así, hasta que la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente, a consecuencia de las quejas recibidas, el 16 de febrero de 2010 dictó requerimiento de intervención al Ayuntamiento, haciendo constar que se iba a proceder a la actuación subsidiaria después de que el Consistorio no hubiese realizado inspecciones ni desplazado al local equipos de medición acústica.

Los agentes del Seprona comprobaron el 5 y 7 de marzo de 2010 que el establecimiento, pese a carecer de licencia, estaba provisto de aparatos de música, altavoces, y demás propios de una discoteca, sin limitador acústico, y verificaron que los niveles de ruido superaban los límites establecidos, ya que el local además no contaba con ninguna medida de protección acústica.

Los vecinos afectados presentaron trastornos adaptativos mixtos, cefaleas tensionales, o ansiedad, y dos de ellos abandonaron su vivienda en julio de 2010. El Ayuntamiento, por su parte, acordó el precinto de los aparatos de música el 9 de marzo de 2010.

Además de las penas de cárcel y las multas, la Fiscalía solicita la clausura temporal del local durante un periodo de cinco años.