El PP balear, que ejerce la acción popular en el caso Nóos, y el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Valencia, acusación particular en esta causa, no prevén formular alegaciones ante el juez instructor sobre las investigaciones a seguir en relación al presunto fraude fiscal en que habría incurrido la Infanta Cristina, después de que el magistrado haya dado traslado a las acusaciones para que, en un plazo de cinco días, hagan las alegaciones que estimen oportunas.

En declaraciones a Europa Press, el asesor jurídico del PP y fiscal en excedencia de la Audiencia Nacional, Ignacio Gordillo, ha anunciado que el partido no tiene intención de pronunciarse alguna ni a favor ni en contra de que se indague si la mujer de Iñaki Urdangarin cometió delitos contra la Hacienda Pública, por lo que, según ha incidido, no contempla presentar ningún escrito relativo a si se debe o no seguir adelante con esta línea de investigación.

Por su parte, fuentes del PSOE del Ayuntamiento de Valencia han informado de que tampoco se pronunciarán sobre esta cuestión, puesto que su personación en el caso se centra en que se dirima si hubo un desvío de fondos públicos desde la Corporación municipal a través de los eventos Valencia Summit -por cada una de cuyas tres ediciones el Instituto Nóos percibió un millón de euros- y, a partir de ahí, solicitar las responsabilidades oportunas.

Sin embargo, el sindicato Manos Limpias, personado como acusación popular en este proceso y que durante la instrucción de la causa ha mostrado su apoyo a que la Duquesa de Palma sea imputada por su papel al frente de Nóos, ha señalado que sí defenderá que las investigaciones por supuesto fraude fiscal continúen su curso y, de este modo, el juez pueda decidir si acuerda el encausamiento de la Infanta por la presunta comisión de delitos contra el fisco.

Y es que la Audiencia Provincial de Palma, en el auto que dictó para dejar sin efecto la imputación de la Infanta pero dejando las puertas abiertas a su posible encausamiento por presuntos delitos fiscales y blanqueo de capitales, apuntaba a las "incertidumbres y dudas" suscitadas en lo que a un supuesto fraude fiscal se refiere, de modo que instaba al juez José Castro a solicitar un nuevo informe a la Agencia Tributaria que permita determinar si se cometió algún tipo de delito por parte de la hija del Rey Don Juan Carlos.

Así, el pasado viernes el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma solicitó a la Fiscalía Anticorrupción, a las Abogacías de la Comunidad Autónoma y del Estado, a los concejales del PSOE de Valencia, al PP balear y al sindicato Manos Limpias que se pronuncien sobre las pesquisas a seguir y, una vez lo hagan, procederá a resolver al respecto.

En su resolución, el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia sostenía que tanto Urdangarin como su mujer se habrían beneficiado, como socios al 50 por ciento de la mercantil Aizoon, de los ingresos procedentes del Instituto Nóos así como del dinero supuestamente defraudado a Hacienda a través de la empresa de la que ambos eran copropietarios.

De este modo, la Sala dejaba en suspenso la imputación de la hija del Rey Don Juan Carlos en relación al supuesto fraude fiscal, por cuanto, según recalcaba, el dinero que de forma presuntamente irregular percibió Aizoon desde Nóos no se quedó en la cuenta de la primera entidad, sino que se destinó a gastos particulares del matrimonio, como la reforma de su vivienda familiar, con su posible "conocimiento del origen ilícito y delictivo" de estos fondos.

La Sala incidía asimismo en que, si bien la Infanta podía desconocer el origen ilegal del dinero público, en cuanto a que "provenía de un delito de malversación o de fraude", lo que resulta "más dudoso" para los magistrados de la Sección Segunda es que "desconociera que esos ingresos podían suponer un delito contra la Hacienda Pública" puesto que Nóos, aunque declaraba al fisco, no pagaba el impuesto de sociedades por constar inscrita como sociedad sin ánimo de lucro.

La audiencia insta a castro a decidir sobre el fraude fiscal

El tribunal, que basaba sus argumentaciones en un informe aportado al caso por la Agencia Tributaria (AEAT), aseveraba que éste suscita "zonas oscuras" que en estos momentos hacen "inviable emitir una opinión fundada sobre si la Infanta ha podido cometer o no un delito contra la Hacienda Pública", de modo que insta al juez Castro a decidir de nuevo sobre la imputación de la Duquesa de Palma respecto a un posible fraude fiscal, no sin antes solicitar a Hacienda a que complemente su informe.

Todo ello con el objetivo de "dar respuesta a las cuestiones tributarias que se suscitan y también referidas a un posible blanqueo de capitales", recalcaba la Audiencia, precisando que el propio informe de la AEAT reconoce que es provisional e incompleto, toda vez que "no sólo contiene dudas en cuanto a quién ha de ser el responsable de las irregularidades tributarias, sino que reconoce que la entidad Aizoon es una sociedad pantalla que ha sido constituida con finalidad defraudatoria".