El ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sigue trabajando en un texto de reforma de las administraciones locales y ha aplazado otra semana la reunión con los ayuntamientos en la que debe presentarles un último proyecto. Pese a ello, tiene la intención de llevar una ley al Consejo de Ministros antes de que finalice junio, han asegurado a Europa Press fuentes conocedoras de la iniciativa.

El departamento que dirige Cristóbal Montoro tiene que presentar el proyecto en la Comisión Nacional de Administración Local, en la que participa la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). La convocatoria en la que se revisará un último documento se esperaba para esta semana que concluye, pero no ha sido convocada y tampoco lo será en los próximos cinco días, han confirmado fuentes municipales.

El documento será remitido después al Consejo de Estado para que emita un informe, paso previo a la aprobación del proyecto de ley por el Consejo de Ministros.

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sigue estudiando las alegaciones que le han presentado al borrador aprobado el 15 de febrero, tanto desde varias comunidades autónomas como federaciones de municipios, instituciones y entidades. Entre ellas están las que la FEMP aprobó y entregó a principios de abril y que contienen cambios importantes en la iniciativa.

El Gobierno lleva más de un año trabajando en esta reforma; admite que le está costando esfuerzo sacarla adelante porque es un asunto que lleva pendiente 30 años y que no se puede resolver en unos días, según explicó recientemente la propia vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

Rajoy movilizó a arenas

Conforme han transcurrido los meses, el Ejecutivo ha ido perdiendo apoyos incluso en las propias filas 'populares', en las que alcaldes y concejales se han mostrado abiertamente en contra de las bases de la reforma: cómo se redistribuyen las competencias con las comunidades y las diputaciones, la posibilidad de que los municipios pequeños sean intervenidos y pierdan sus atribuciones y la creación de un coste estándar de los servicios locales de obligado cumplimiento.

El Gobierno conoció un primer borrador en julio del año pasado y el segundo, el pasado 15 de febrero, en el que se habían rebajado ya algunas pretensiones iniciales como limitar el número de concejales y las retribuciones de forma considerable.

Poco después, y ante el incendio declarado, el vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, Javier Arenas, comenzó a movilizar por toda España a su equipo a petición del propio Mariano Rajoy, con el objetivo de explicar la reforma y escuchar las quejas de los 'populares' de todo el país, según informaron a Europa Press de este partido.

El Ejecutivo ha perdido por otro lado la posibilidad de acuerdo con el PSOE, que exige la retirada del borrador aprobado en febrero y una vuelta al principio para intentar el acuerdo, la misma postura que mantiene toda la oposición parlamentaria.