La asociación de consumidores de Navarra Irache se ha mostrado contraria a que "todos los edificios de más de 50 años tengan que pasar por una inspección obligatoria, tal y como propone el borrador del Decreto Foral para regular el Informe de Evaluación de Edificios".

Según esta normativa, ha explicado Irache en un comunicado, "serían los propios vecinos que vivan en el edificio los que tendrían que pagar esta inspección, que no les reportaría ningún beneficio, más allá de acreditar el cumplimiento de una norma administrativa".

En este sentido, la asociación ha remarcado que "los consumidores que habitan en los edificios que potencialmente serían objeto de revisión -los de más de medio siglo de antigüedad- son, generalmente, los de una economía más humilde, con menor nivel de ingresos". Por tanto, ha advertido de que "se trataría de un gasto más a añadir a las familias con más dificultades en un tiempo de crisis económica como el actual".

Además, Irache ha criticado que el Decreto Foral "amplía de forma indiscriminada la norma estatal, pensada para un ámbito urbano, a todos los municipios". Según ha señalado, "si bien la norma estatal limita la aplicación de esta inspección a poblaciones urbanas de más de 25.000 habitantes, por lo que en Navarra quedaría reducido a Pamplona y Tudela, el Decreto Foral amplía su ámbito de aplicación a todos los edificios que cuenten con más de una vivienda, independientemente del tamaño del municipio o de que el edificio contenga simultáneamente otros usos".

Por todo esto, la asociación en las sugerencias que ha aportado a la propuesta del Gobierno, ha considerado esta ampliación "contraproducente" puesto que, en su opinión, "supone extender de forma indiscriminada una norma pensada fundamentalmente para un ámbito urbano a la diversidad existente en Navarra".

"No tiene sentido aplicar de igual manera esta normativa a un bloque de quince pisos de un barrio de Pamplona que a un caserío de dos viviendas del Baztán", ha apuntado Irache, que ha propuesto "dotar a estas revisiones de otra utilidad más allá de la mera exigencia burocrática".

A su juicio, también sería "recomendable" que "si finalmente se hace obligatoria la revisión, se le reconociesen a ésta otros efectos en el ámbito civil, como por ejemplo acreditar el buen estado del edificio en la formalización de seguros, y que no se limitase su utilidad a una nueva exigencia burocrática".