La Consejería de Fomento y Vivienda confía en que el Consistorio de Málaga, finalmente, no recurra a los tribunales para defender su negativa a asumir la liquidación de 32,3 millones de euros correspondiente a la construcción del metro hasta 2012, y este problema, como el resto de los que rodean a esta infraestructura, pueda resolverse mediante la "negociación". No obstante, desde el departamento que dirige Elena Cortés se ha dejado claro que "no compartimos el criterio utilizado por el Ayuntamiento en esa interpretación del convenio".

Así se ha expresado el delegado territorial de Fomento y Vivienda de la Junta en Málaga, Manuel García Peláez, después de que la junta de gobierno local del Ayuntamiento de la capital diera este pasado viernes el primer paso para llegar a los tribunales al aprobar un requerimiento a la Consejería para que anule las liquidaciones de obras y suspenda el proceso de cobro.

"El Ayuntamiento niega la mayor al insistir en que no debe de tener ningún tipo de aportación", ha advertido el delegado a Europa Press, haciendo hincapié en que "esa no es la interpretación correcta, según lo que se deduce de la lectura del convenio de colaboración entre la Junta y el Consistorio".

García Peláez ha insistido en que el objetivo de la Consejería de Fomento es alcanzar con el Ayuntamiento "un acuerdo global de financiación" y ha recordado que la factura del metro puesta sobre la mesa contempla los 32,3 millones de euros en concepto de anticipo de la inversión —hasta el cierre de 2012—, para cuyo abono se acepta la posibilidad de que ese montante sea convalidado con actuaciones de movilidad sostenible, y también otros 37 millones —31,31 por el rescate de tramos de obra y seis por reposición de infraestructuras—.

Responsabilidad del ayuntamiento

Como ha reiterado García Peláez, el abono de esos 32,3 millones —15,26 millones corresponden a los trabajos hasta diciembre de 2010, unos 8,86 millones a las obras de 2011 y alrededor de 8,2 a 2012— "es responsabilidad municipal, según el acuerdo de financiación contemplado en el convenio para la construcción del metro que firmaron la Junta y el Ayuntamiento".

En su argumentación para negarse a asumir la liquidación de esos 32,3 millones, el alcalde, Francisco de la Torre, alude a que en el convenio de colaboración entre la Junta y el Ayuntamiento se establece que ambas administraciones requerirían al Estado su participación en la financiación del metro en un porcentaje no inferior a un tercio de la inversión y, mientras eso se producía, adelantarían los recursos; sin embargo, en diciembre de 2005 se formalizó un acuerdo entre la Administración regional y el Gobierno que, a su juicio, libera al Consistorio de esta aportación.

Ante esto, García Peláez ha señalado que se trata de "una interpretación que hace el Ayuntamiento, pero no es así". De todos modos, ha afirmado que la interposición de un recurso contencioso-administrativo "es una opción que tiene el Ayuntamiento y, aunque nosotros no querríamos llegar a esa situación y abogamos por seguir la negociación en la comisión técnica, si estima que esa es la vía, pues de acuerdo".