Directivos de salud apuestan porque el 40% del sueldo del profesional dependa de la eficiencia de su práctica clínica

Considera que la financiación pública debe seguir basada en impuestos
Imagen de algunos de los expertos que han participado en la jornada de Sedisa
Imagen de algunos de los expertos que han participado en la jornada de Sedisa
SEDISA

Con el objetivo de incentivar a los profesionales sanitarios para que realicen las prácticas clínicas de manera eficiente, la Sociedad Española de Directivos de la Salud (Sedisa) recomienda que el 40 por ciento del salario de los trabajadores "dependa del cumplimiento de objetivos".

A juicio del vicepresidente de Sedisa y director gerente del Hospital de Valdecilla (Santander), César Pascual, el actual escenario de escasez de recursos y la importancia de invertir más en desarrollo que en asistencia "plantea la necesidad urgente de movilizar otros recursos". "La premisa de la máxima eficiencia es un imperativo ético que debe impregnar a toda la organización sanitaria, desde los directivos al personal de base", añade.

Por ello, consideran que es necesario "monitorizar el proceso y sus resultados". Además, sostienen que el personal de nueva incorporación "debería regirse por el régimen de derecho laboral privado para poder pactar con agilidad e independencia el montante del salario variable, así como los objetivos de los que dependerá".

En este sentido, explican que esté régimen ofrece "la flexibilidad necesaria para remunerar según valía y productividad, y para poder ajustar la atención sanitaria a las necesidades asistenciales de la población". Así lo han señalado durante la celebración en Santander de las jornadas 'La gestión en tiempos de incertidumbre: Un espacio para la inspiración'.

Por su parte, el personal estatutario y funcionario, el cual representa la mayoría del personal del sistema, debe modificar sus estatutos con el interés de que la seguridad del puesto de trabajo "no prime sobre la obligación de ofrecer un servicio público excelente y

productivo a la población", declaran.

A ello añaden la necesidad de que en este colectivo también dependa un 40 por ciento de su salario, así como su promoción como profesional, "de sus capacidades productivas y de la evaluación del esfuerzo en el cumplimiento de objetivos previamente pactados". Por su parte, los que no alcancen las metas establecidas deberían poder ser cesados de sus puestos de trabajo "o, en su defecto, ser sancionados de manera rápida y ejemplarizante", señalan.

Todo ello ha sido recogido en el documento 'Compromiso SEDISA con la sostenibilidad y las reformas de los servicios sanitarios públicos', en el que se ofrecen 25 propuestas "para contribuir a la sostenibilidad del sistema sanitario público".

Otras de sus recomendaciones es "seguir manteniendo la financiación pública basada en impuestos y en los principios de universalidad, igualdad y equidad, pero fomentando una financiación territorial equilibrada y homogénea".

Su presentación se produce porque, a pesar de que el SNS haya logrado que su nivel de eficiencia y sus resultados sanitarios se sitúen "entre los mejores del mundo", y es que la crisis económica "ha puesto de manifiesto las limitaciones del sistema y ha demostrado su incapacidad de satisfacer las nuevas demandas que la sociedad actual plantea", explican.

Es urgente movilizar otro tipo de recursos

Debido a ello, desde la sociedad consideran también relevante "ajustar la estructura y actuar sobre los procesos para conseguir la eficiencia de los mismos", algo a lo que se debe de unir la transferencia del riesgo financiero a los procesos. Así, apuestan por "seguir avanzando en la externalización basada en presupuestos 'per cápita'".

De este modo, y aunque la Administración garantice la financiación, la provisión "debe ponerse en manos de los que sean capaces de ser más eficientes, ya sea una empresa pública, una fundación, una concesión administrativa o una cooperativa de profesionales", señalan. "Todos podemos poner un grano de arena para mejorar la gestión", agrega al respecto el presidente de Sedisa, Joaquín Estévez.

Los expertos manifiestan que "habría que estudiar la posibilidad de pagos directos del usuario consensuados en todo el SNS". Así, y dejando clara su postura contraria al copago, Estévez considera "trascendental" gravar con un 'ticket' moderador la frecuentación innecesaria "y el uso abusivo de los recursos".

De cualquier forma, el presidente de Sedisa subraya que esta medida debe ser consecuencia de un pacto de Estado por la Sanidad, "de manera que deje de ser materia electoralista y de desgaste político, y pase a ser una materia técnica".

Animan a estimular la coste-

Eficiencia de los tratamientos

Trasladándose al ámbito farmacéutico, Estévez anima a estimular la formación en coste-eficiencia y coste-beneficio de los distintos tratamientos disponibles para el profesional responsable de la prescripción "y a transferir parte del riesgo financiero al mismo a través de incentivos o a través de presupuestos clínicos, incentivando los ahorros y la buena praxis".

A su juicio, es probable que los ajustes en el precio tengan ya "escaso o nulo recorrido", pero sí considera que es posible seguir mejorando algunos aspectos "en las compras orientados a garantizar una revisión periódica de los precios".

Otra cuestión a debate es el reto de reorientar el sistema sanitario hacia la cronicidad, "enfocándose en la atención a crónicos y avanzando en el abandono progresivo del hospitalocentrismo". Además, observa como necesario el impulso de alternativas más eficientes respecto a la hospitalización tradicional, como "la ambulatorización quirúrgica y el aumento de la capacidad de acción de la hospitalización a domicilio".

Al hilo de ello, el director gerente del Departamento de Orihuela (Alicante), Carlos Arenas, afirma que el objetivo es "conseguir mantener y mejorar el nivel de salud de la población a un coste asumible". Para ello, expone que los aspectos más importantes son "el adecuado control, la planificación y la recompensa a la excelencia".

"En la sanidad pública sería necesario modificar el estatuto del personal sanitario para poder retribuir diferenciadamente según implicación y rendimiento, y que los profesionales sean más evaluables por el sistema y por el paciente", señala. La otra opción es "la transformación de los centros en empresas públicas regidas por derecho mercantil y laboral", concluye.

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