Esta semana, el Pleno del Senado aprobó definitivamente la reforma de la Ley Hipotecaria, la que para algunos es la Ley Antidesahucios. Aunque solo contó con los  votos a favor del PP, la ley no tendrá que volver al Congreso de los Diputados después del rechazo a los tres vetos presentados por PSOE, PSC e ICV y de las 275 enmiendas parciales propuestas.

La nueva norma no incorpora la dación en pago universal y retroactiva que se reclamaba en la iniciativa legislativa popular (ILP). En cambio el Gobierno destaca que sí incluye la suspensión durante dos años de los desahucios en los que los afectados cumplan unas condiciones de especial vulnerabilidad.

Pero, como aseguran muchos, en lo fundamental las cosas no van a cambiar mucho. Seguirán los desahucios –casi 40.000 familias perdieron su vivienda en 2012 por impago de la hipoteca– y las subastas extrajudiciales, una de las mayores pesadillas de los hipotecados, siguen existiendo. Se trata de un proceso rápido, previsto en la mayoría de las escrituras hipotecarias, que se desarrolla no con un juez sino con un notario.

En estas subastas ante notario, la vivienda primero sale por un precio del 100% y, si no encuentra comprador, luego por un 75%. Si fuera necesaria una tercera subasta, el precio es libre. Es por ello que la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) denuncia que el banco se puede adjudicar el piso por el precio simbólico de 1 euro, "quedando la persona o familia afectada con la totalidad de la deuda de por vida".

Hasta ahora apenas se utilizaban, pero lo cierto es que los bancos están usando cada vez más este procedimiento. Según el Consejo General del Notariado, en los últimos tres años este tipo de procedimientos se ha multiplicado por cinco hasta alcanzar 2.532 casos en 2012.

La PAH habla por ello de "la avaricia" de algunas entidades financieras que han decidido recurrir a las ejecuciones notariales o subastas extrajudiciales para recuperar la propiedad de pisos de familias que no pueden pagar la hipoteca.

Según la Plataforma, se están dando casos de subastas extrajudiciales que se pueden resolver más rápido, en solo tres meses, y sin derecho a la justicia gratuita al ser extrajudicial, lo que tildan de "un procedimiento aún más perverso, si cabe, que el de la ejecución judicial".

"Iremos a las subastas y las pararemos, igual que estamos paralizando los desahucios", asegura la PAH, que considera que mientras no se cambie "una ley que sobreprotege a unos bancos y cajas totalmente irresponsables, capaces de abusar de las leyes existentes para conseguir el máximo beneficio" de nada serviría mediación de algunas administraciones.

En otro sentido, la nueva Ley Hipotecaria sí se adapta a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la UE, por la que se faculta a los jueces a detener una ejecución hipotecaria cuando detecten cláusulas abusivas.

A este respecto, una veintena de jueces de Primera Instancia y mercantiles coordinados por el presidente de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, Juan Antonio Xiol, se reunieron esta semana, para concluir que el juez debe actuar "de oficio" para defender al consumidor, que debe estudiarse cada caso concreto y que las cláusulas abusivas "no vinculan a ningún efecto".

A más largo plazo, la UE prepara una directiva comunitaria sobre créditos hipotecarios con la que busca asegurar una mayor y más eficaz protección al deudor hipotecario mediante la eliminación las cláusulas abusivas en los contratos.