El movimiento 15-M ha interpuesto este viernes cuarenta demandas contencioso-administrativas contra otras tantas resoluciones de la Delegación de Gobierno de la Comunidad de Madrid que acordaban sancionar a personas acudir a movilizaciones sociales, como los escraches contra distintos cargos del Gobierno.

A estas demandas hay que añadir las 19, correspondientes a otros procedimientos, presentadas hasta la fecha por el colectivo y por las mismas causas. En dos años, según el 15-M, se ha sancionado a 1.000 personas "por ejercer sus derechos constitucionalmente reconocidos".

El recurso a los tribunales contenciosos obedece, siempre según el 15-M, "a la sistemática denegación de las alegaciones presentadas por centenares de ciudadanos sancionados por Delegación de Gobierno en los últimos dos años".

El colectivo acusa a la Delegación, que dirige la popular Cristina Cifuentes,  de obviar vídeos, fotografías y testimonios aportados. Además, critica que estas sanciones se basan en "falsas imputaciones" de la Policía.

"Estimamos que la práctica de sanciones indiscriminadas contra la ciudadanía que se moviliza obedede a una política de represión de baja intensidad orientada a desincentivar la protesta social. Es por ello que, de cara a las movilizaciones que van a tener lugar en mayo, volvemos a exigir a la Delegada de Gobierno y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que respeten el ejercicio del derecho de reunión", se puede leer en el comunicado enviado por el 15-M para anunciar las demandas.

Las demandas se basan en el principio de que una manifestación no comunicada "no es una manifestación ilegal" ya que el derecho de reunión está constitucionalmente reconocido, y pone de ejemplo al propio Relator de Naciones Unidas, que,  refiriéndose a las primaveras árabes, señaló que: "la celebración de manifestaciones pacíficas es un  instrumento legítimo y poderoso para hacer un llamamiento al cambio democrático; a un mayor respeto por los derechos humanos, incluyendo los derechos económicos, sociales y  culturales; y a la responsabilidad por las violaciones de derechos humanos y los abusos".