La Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de Modificación de la Ley de Costas evitará la desaparición de más de 4.600 viviendas y 972 instalaciones turísticas del litoral de Andalucía, según ha dado a conocer este viernes la delegada del Gobierno andaluz, Carmen Crespo, quien ha incidido en que esta normativa permitirá, además, el mantenimiento de unos 30.000 empleos directos en la región.

Crespo, quien ha presentado los detalles de la ley a nivel andaluz, la ha considerado "fundamental, lógica, ambiciosa y compatible con el uso del litoral", al tiempo que ha sostenido que concilia la sostenibilidad de la costa y la protección de los espacios naturales con el crecimiento económico y el mantenimiento de la actividad del sector turístico.

Esa conciliación, ha concretado, es "especialmente necesaria" en Andalucía, que cuenta con 500 kilómetros de litoral en cinco provincias, siendo la industria turística "uno de los motores de nuestra economía".

En el caso de las viviendas 'salvadas' son 4.604 en el litoral andaluz; de las que 3.604 —con una estimación de 14.416 habitantes— están en Dominio Público Marítimo Terrestre, siendo Huelva y Málaga las que más notarán la aplicación de esta ley, con 1.900 y 1.242 respectivamente. A ello hay que sumar las 1.000 de estas dos provincias, en el caso de la capital malagueña más de 500 en las barriadas de El Palo y Pedregalejo, y el resto en Punta Umbría e Isla Cristina, cuyas reivindicaciones se remontan a hace más de 25 años.

Crespo se ha referido también a las viviendas que están en zonas de servidumbre y que en Andalucía son unas 25.000 —3.042 en Málaga— con una estimación de 100.000 ocupantes. Estas casas llevan 25 años sin que hayan podido hacer obras, ha dicho la delegada del Gobierno en Andalucía, quien ha aclarado que podrán realizar trabajos de mejora pero no aumentar volúmenes, alturas o superficie.

En el caso de las instalaciones turísticas, son 109 hoteles los beneficiados y 863 restaurantes de playa o chiringuitos. En este punto, la delegada ha recalcado que se da seguridad jurídica también a estos espacios, lo cual permitirá mantener los 30.000 empleos que generan en Andalucía y la facturación, de alrededor de 350 millones de euros al año.

Ha insistido en que se dará más seguridad a los chiringuitos en lo relativo a los plazos y las condiciones de la concesión, exigiéndoles más en ordenación y cuidado de las playas, restringiéndose más en las playas naturales.

"evitar barbaridades"

Además, esta nueva Ley de Costas es un "instrumento potente" para evitar "barbaridades", como el Algarrobico de Almería. En este punto, ha recordado, se está a la espera de la sentencia judicial que determine qué hacer, reiterando la colaboración mostrada por el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, a la Junta de Andalucía.

Estas "barbaridades", ha apuntado, se hicieron "al amparo de la ley de 1988". A partir de ahora, sin embargo, la situación será diferente puesto que la legislación atribuye competencias a los delegados del Gobierno, quienes podrán suspender obras cautelarmente si consideran que afecta al Dominio Público Marítimo Terrestre o a la servidumbre de protección. "Ahora va a ser muy rápido porque antes había que pasar muchos trámites", ha apostillado.

Crespo ha incidido durante su intervención en que se mantiene la prohibición de nuevas edificaciones en la costa, reforzando los mecanismos preventivos. Igualmente, se mantiene la anchura de servidumbre de protección en 100 metros, rechazando las críticas de los ecologistas.

"La reducción de la servidumbre a 20 metros sólo afectará a lo construido antes de 1988 que tuviera un carácter urbano, de manera que se solucionan problemas antiguos no resueltos", ha manifestado, al tiempo que ha agregado que se establece una mejora de la seguridad jurídica puesto que la reforma obliga a inscribir en el Registro de la Propiedad los bienes de dominio público desde que se inicia el procedimiento de deslinde, una medida "por la que la Unión Europea ha felicitado al Gobierno de España".

Esta Ley de Costas plantea también devolver la propiedad a las salinas y establecimientos marinos que antes de 1988 eran de propiedad privada. Son, según Crespo, "actividades beneficiosas cuya desaparición no ayudaría en nada a la protección del litoral". En Andalucía destacan las salinas de Cádiz, la de mayor número de todo el litoral, y Almería, fundamentalmente Cabo de Gata y Punta Entinas-Sabinar.

La delegada del Gobierno ha reiterado que es la ley "que todos esperábamos, que da sentido común a la costa y se concilia con el crecimiento económico", recalcando que se excluye a núcleos de población "consolidados y con habitantes antes de 1988, la mayoría viviendas sencillas en barrios populares, no hoteles ni grandes empresas" por lo que "en ningún momento significa amnistía", ha concluido.