El Gobierno de Cantabria se ha comprometido a que, en el plazo de un año, 450 viviendas afectadas por sentencias de derribo tengan autorización provisional y por tanto, estén dentro de la legalidad, si bien ha insistido en que serán los jueces los que tengan "la última palabra".

En concreto, según ha anunciado el consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Javier Fernández, este año podrían alcanzar la autorización provisional 300 viviendas y las 150 restantes en el primer semestre de 2014.

Este compromiso es posible por el proyecto de ley de Derribos, que el consejero confía que se convierta en ley este mismo mes o en junio "como muy tarde", y por el estado de tramitación de los planes generales de los ayuntamientos afectados (Arnuero, Piélagos, San Vicente de la Barquera, Miengo, Argoños y Escalante).

Sólo hay 171 viviendas con sentencias que no tienen "encaje" en los planeamientos urbanísticos en tramitación y que por tanto serán demolidas, si bien 140 corresponden a la urbanización La Arena y cuentan con una solución consensuada.

Fernández ha realizado este anuncio previamente a reunirse con representantes de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) para informarles sobre la situación del proyecto de ley.

En este sentido, y tras escuchar al consejero, el vicepresidente de AMA, Ciríaco García, ha valorado su compromiso como "buena noticia" y ha dicho que únicamente espera que "se cumpla, que sea una realidad, que por una vez deje de ser ciencia ficción y dejemos de sufrir y todos podamos vivir en paz".

Al respecto, Fernández ha subrayado que con la nueva ley se producirá un "cambio cualitativo" que permite al Gobierno lanzar un mensaje de "ilusión" en la mayoría de casos, como es el compromiso "muy claro" de que "en un año habrá 450 viviendas con autorización provisional. En 2013 pueden alcanzarla 300 y en el primer semestre, 150 más".

Así, ha dicho que el proyecto de ley es un instrumento que puede "redoblar la ilusión", aunque ha reconocido que queda un "largo camino y la última palabra la tienen los tribunales".

Ha destacado que el Gobierno, haciendo "de la necesidad virtud", ha encontrado un mecanismo jurídico que puede conjugar el "derecho total" de los jueces a ejecutar las sentencias con el derecho de que las viviendas de los afectados "puedan ir encajando en la legalidad".

Aquí ha subrayado que la fórmula adoptada es "muy respetuosa" con las decisiones judiciales puesto que todas las acciones que se lleven a cabo deberán respetar tanto las sentencias como la capacidad de los jueces de decidir la ejecución de las mismas.

De ahí que las autorizaciones sean provisionales ya que "siempre serán construcciones que queden bajo el control de los órganos judiciales", de manera que cuando los planes generales se aprueben de manera definitiva, estas viviendas tendrán que seguir cumpliendo los requisitos de legalidad.

"Pero si los cumplen en el momento de la aprobación inicial, lo lógico es que lo cumplan en la definitiva", ha observado el consejero, que ha insistido en que los jueces podrán "controlar" esta cuestión tanto en el momento de la aprobación inicial —con actos administrativos como las autorizaciones provisionales— como cuando se aprueben los planes y "se vayan otorgando las correspondientes licencias".

Norma justa

Además, Fernández ha reiterado que este proyecto debe convertirse "necesariamente" en ley porque es "una norma justa".

En su opinión, es "de justicia" que las casas que "con toda naturalidad" se van a incorporar a los nuevos planes generales puedan mantenerse hasta que se confirme si los PGOU las recogen o no. "Tan sencillo como que lo que encaje en el planeamiento se puede mantener y lo que no hay que demolerlo".

"Creo que cargamos de razón a los afectados y que cualquier decisión siempre va a estar sometida al criterio último de los tribunales de justicia", ha concluido.