El Gobierno de Cantabria se ha comprometido a que, en el plazo de un año, 450 viviendas afectadas por sentencias de derribo tengan autorización provisional y por tanto, estén dentro de la legalidad.

En concreto, según ha anunciado el consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Javier Fernández, este año podrían alcanzar la autorización provisional 300 viviendas y las 150 restantes en el primer semestre de 2014.

Este compromiso es posible por el proyecto de ley de Derribos, que el consejero confía en que se convierta en ley este mismo mes o en junio "como muy tarde", y por el estado de tramitación de los planes generales de los ayuntamientos afectados (Arnuero, Piélagos, San Vicente de la Barquera, Miengo, Argoños y Escalante).

Sólo hay 171 viviendas afectadas por sentencias que no tienen "encaje" en los planeamientos urbanísticos en tramitación y que por tanto serán demolidas, si bien 140 corresponden a la urbanización La Arena y cuentan con una solución consensuada.

Fernández ha realizado este anuncio previamente a reunirse con representantes de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) para informarles sobre la situación del proyecto de ley.

En este sentido, y tras escuchar al consejero, el vicepresidente de AMA, Ciríaco García, ha valorado su compromiso como "buena noticia" y ha dicho que únicamente espera que "se cumpla, que sea una realidad, que por una vez deje de ser ciencia ficción y dejemos de sufrir y todos podamos vivir en paz".