El Parlamento rechaza el paquete de medidas propuestas por PP-A de lucha contra la exclusión social

El Pleno del Parlamento andaluz ha rechazado este jueves, con los votos de PSOE-A e IULV-CA, una proposición no de Ley del PP-A con un paquete de medidas de la lucha contra la exclusión social, entre las que se instaba a la Junta a poner en marcha un nuevo plan andaluz de inclusión social, que implemente las políticas necesarias para prevenir y paliar la exclusión, y a la creación de un fondo social de emergencia destinado a familias sin ingresos y con todos sus miembros en paro.

El Pleno del Parlamento andaluz ha rechazado este jueves, con los votos de PSOE-A e IULV-CA, una proposición no de Ley del PP-A con un paquete de medidas de la lucha contra la exclusión social, entre las que se instaba a la Junta a poner en marcha un nuevo plan andaluz de inclusión social, que implemente las políticas necesarias para prevenir y paliar la exclusión, y a la creación de un fondo social de emergencia destinado a familias sin ingresos y con todos sus miembros en paro.

Asimismo, el PP-A planteaba en su iniciativa que el Parlamento rechazara la paralización de la Ley de la Dependencia en Andalucía y acordara la inmediata reanudación de la tramitación de los expedientes en curso de la citada Ley en la comunidad, procediendo a la valoración y resolución del grado de dependencia de los nuevos solicitantes, y a la aprobación de los programas individuales de atención (PIA) que están todavía pendientes.

También se instaba a la Junta a abonar, de manera inmediata, las ayudas económicas cuya solicitud haya sido resuelta de manera favorable, evitando así los retrasos existentes en el pago del Ingreso Mínimo de Solidaridad.

El PP-A también planteaba en su iniciativa que la Junta elaborara un plan de pago urgente para abonar de inmediato los pagos comprometidos y pendientes con las distintas entidades sociales sin ánimo de lucro; un plan contra la pobreza infantil; la puesta en marcha medidas eficaces contra el fracaso y el absentismo escolar en Andalucía, y la creación de un fondo social de emergencia destinado a familias sin ingresos y con todos sus miembros en paro.

Otra medida consistía en poner a disposición de todas las familias afectadas por procesos de desahucio y en grave riesgo de exclusión social las viviendas vacías o deshabitadas de la Administración de la Junta de Andalucía, incluidas las de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.

En defensa de la iniciativa, la diputada del PP-A Rosario Soto ha indicado que Andalucía está entre las comunidades con mayores índices de paro y de pobreza de España y Europa, y ha señalado que la exclusión social no es un problema de hoy en esta comunidad, aunque se ha intensificado y extendido en estos momentos de crisis. Ante esta situación, ha señalado que el PP-A se ve obligado a plantear alternativas que se ajusten a la realidad, frente a los "recortes en el gasto social" del Gobierno andaluz.

Tras apuntar que la Junta no puede pretender "culpar" al Gobierno de Mariano Rajoy de esos recortes, ha advertido de que en Andalucía existe una clara debilidad en cuanto a instrumentos existentes para acometer una política que, desde los distintos frentes, sirva eficazmente para reducir los niveles de exclusión social existentes en la comunidad.

La parlamentaria del PSOE-A Soledad Pérez ha manifestado que el PP-A llega tarde con su proposición no de ley y ha apuntado que los populares siempre han tenido perdida la iniciativa en este asunto. Ha indicado que mientras en este Parlamento se debate "sobre el sexo de los ángeles", los ayuntamientos andaluces están presentando los anexos y las solicitudes a raíz del decreto ley de la Junta de lucha contra la exclusión social.

Ha señalado que ese decreto constituye una Iniciativa política que resuelve lo urgente, que es el día a día de la gente, y ha apuntado que vendrán más medidas e iniciativas en ese sentido. Pérez ha indicado que el Gobierno andaluz está siendo "útil" a la gente en estos momentos de crisis.

Por su parte, el diputado de IULV-CA Manuel Baena ha manifestado que los recortes en el gasto social han venido del Gobierno de la Nación, lo que ha tenido una repercusión en las comunidades autónomas.

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