Los tres detenidos en el marco de la Operación Isolda de la Guardia Civil contra la trama para modificar de forma fraudulenta el catastro de Granada, un funcionario de la Gerencia Territorial de este organismo, un arquitecto de la localidad de Alhendín y un empleado de una notaría de Albuñol, pasarán previsiblemente en la tarde de este jueves a disposición del Juzgado de Instrucción 1 de Granada, que se encarga de la investigación, y que les tomará declaración, según han informado a Europa Press fuentes de la investigación.

La Guardia Civil ha dado por desmantelada la trama, por la que también ha imputado a otras cinco personas, pero la investigación, que se encuentra bajo secreto de sumario, continúa abierta, por lo que no se descartan nuevas actuaciones.

A los detenidos se les imputa, entre otros, varios delitos de falsificación de documento público, tráfico de influencias, prevaricación administrativa, cohecho y estafa, informa el Instituto Armado en una nota.

En esta operación especialistas en delincuencia urbanística de unidades centrales de la Guardia Civil han registrado dependencias de la Gerencia Territorial del Catastro de Granada, un despacho de arquitectura, varios despachos de una notaría y un domicilio particular.

La investigación ha permitido desarticular una trama compuesta por un funcionario de la Gerencia Territorial del Catastro de Granada, quien en connivencia con un arquitecto y un empleado de notaría, modificaba temporalmente las bases de datos del catastro con el fin de obtener certificaciones catastrales falsas a favor de particulares.

De este modo, daban cobertura legal a posteriores alteraciones en la titularidad de las fincas, modificando los registros públicos, para que esas fincas pasaran a propiedad de terceras personas a cambio de compensaciones económicas.

La operación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 1 y la Fiscalía Provincial de Granada, está siendo llevada a cabo por el Grupo de Delincuencia Urbanística de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en estrecha colaboración con la Dirección General del Catastro del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Según ha explicado este jueves a los periodistas el subdelegado del Gobierno en Granada, Santiago Pérez, la investigación comenzó por una serie de denuncias de personas sin conexión entre sí, que llevaron a los investigadores a ir "atando cabos" para el descubrimiento de la trama.

El funcionario arrestado sería la persona que "coordinaba" todas estas operaciones, que aún no se han determinado en número. Tampoco, según Pérez, se tiene un cálculo de a cuanto ascendían los pagos de terceros para la modificación del catastro, lo que se irá desvelando según se vaya analizando la documentación requisada en los registros practicados.

Los cambios en la titularidad se hacían en algunos casos sobre propiedades que no tenían un dueño "claro" o de personas que no eran "conscientes" de que se había producido la modificación, según el subdelegado, que ha sostenido además que en el ámbito profesional de los arrestados se tenían "sospechas más que fundadas" de que "algo raro ocurría".