El Congreso aprueba la reforma de la Ley de Costas

  • Los que tienen viviendas muy cercanas al litoral mantendrán la adjudicación durante otros 75 años con la nueva Ley.
  • La zona protegida de la costa se reducirá de 100 metros a 20 metros en algunas circunstancias con la nueva reforma de la normativa.
  • Se impusieron más de 170 enmiendas a esta reforma, pero solo han salido adelante las del Partido Popular y una de CiU.
  • Ocho activistas detenidos por encaramarse al tejado del Congreso.
Fotografía de archivo tomada el 5 de septiembre de 2011 del hotel construido en la playa de El Algarrobico, en el municipio almeriense de Carboneras y situado en el Parque Natural del Cabo de Gata.
Fotografía de archivo tomada el 5 de septiembre de 2011 del hotel construido en la playa de El Algarrobico, en el municipio almeriense de Carboneras y situado en el Parque Natural del Cabo de Gata.
Carlos Barba / EFE
Fotografía de archivo tomada el 5 de septiembre de 2011 del hotel construido en la playa de El Algarrobico, en el municipio almeriense de Carboneras y situado en el Parque Natural del Cabo de Gata.

El Congreso ha aprobado este jueves la polémica reforma de la Ley de Costas de 1988 con los votos del Grupo Popular, la abstención de CIU y el voto en contra del resto de la oposición a la mayoría de las enmiendas, con alguna salvedad como la de ERC, que ha apoyado una sobre el cambio climático.

El PP defiende el texto como una "protección" para el litoral, que evitará incluso casos como el del hotel Algarrobico, mientras buena parte de la oposición, y numerosas ONG en la calle, la tildan de "amnistía" y de un paso mas para "privatizar" la costa española.

El proyecto de ley excluye o amnistía el dominio público marítimo terrestre de un total de 12 municipios, dos de los cuales han sido añadidos en el Senado. Se trata de Poblado Marítimo de Xilxes (Castellón), Moaña (Pontevedra); Serra Grossa (Alicante); Puerto de Santa Pola (Alicante); Empuriabrava (Gerona); Playa de Aro (Gerona); Ría Punta Umbría (Huelva); Caño del Cepo y casco urbano de Isla Cristina (Huelva); Pedralejo (Málaga) y El Palo (Málaga).

El texto se aprobó el pasado 24 de abril en la Cámara Alta con la mayoría del PP, la abstención de CiU y la oposición del resto de los grupos parlamentarios que, en total, presentaron cinco vetos a la totalidad del texto y nueve votos particulares.

Más de 170 enmiendas a debate

El proyecto de ley ha incorporado en el Senado las enmiendas del PP, así como la enmienda 131 de CiU, pactada con el PP, por la que se desarrollará reglamentariamente un régimen de ocupación y uso de las playas según su naturaleza. Concretamente, con la introducción de un nuevo apartado al artículo 33 del texto, se dotará a los tramos naturales de las playas de un elevado nivel de protección que restrinja las ocupaciones y se autorizarán "únicamente las que sean indispensables o estén previstas en la normativa aplicable".

Además, se regulará la ocupación y el uso de los tramos urbanos de las playas, de forma que se garantice una adecuada prestación de los servicios que sea compatible con el uso común.

Asimismo, mediante la introducción de este nuevo apartado en el artículo 33 del Proyecto de Ley, podrá autorizarse en los tramos urbanos la celebración de aquellos eventos de interés general con repercusión turística que cumplan los requisitos que se establezcan y, en particular, los relativos a superficie y tiempo de ocupación física.

También señala que en estos eventos se adoptarán todas las medidas preventivas tendentes a evitar cualquier afección ambiental y garantizar el mantenimiento del tramo de playa "en el estado anterior a la ocupación". En total se han discutido más de 170 enmiendas a este proyecto, de las que han sido rechazadas todas menos las del PP y dos transacionadas con CiU.

"La costa es un espacio económico"

Durante el debate, Olaya Fernández Dávila (BNG) ha acusado al Gobierno de aprovechar la reforma para "primar la desprotección de la costa" y Teresa Jordá (ERC) ha considerado que supone una "escandalosa privatización" del bien público; argumento con el que ha coincidido también Xabier Errekondo, de Amaiur.

Laia Ortiz (Izquierda Plural) ha manifestado que la reforma empeora la anterior por la ampliación de las concesiones, y por la reducción de las zonas de servidumbre, de 100 a 20 metros en determinados núcleos.

También Jose Luis Ábalos (GS) ha destacado que se trata de una reforma que da respuesta a los intereses económicos y seguridad jurídica a los negocios, lo que demuestra que para el Gobierno del PP "la costa solo es un espacio económico", mientras que Toni Cantó (UPyD) ha esgrimido que incide en el ladrillo y favorece los abusos.

Entre los grupos nacionalistas, tanto Joseba Aguirretxea (PNV) como Ana Oramas (CC) han afirmado sentirse defraudados porque el PP no les ha admitido varias enmiendas para salvar determinadas propiedades o poblados.

Finalmente el diputado de CIU, Martí Barbera ha argumentado su abstención en el hecho de que se invaden competencias, pero ha agradecido que se haya recogido la singularidad de urbanizaciones no terrestres como la de Empuria Brava.

A los que se han opuesto frontalmente a la reforma, Teresa Lara (PP) les ha respondido que sus afirmaciones sobre privatización, trato privilegiado o atentado ecológico "avergüenzan por su demagogia y falsedad y demuestran un desconocimiento inadmisible".

Cambios en la prtección de la costa

Entre las novedades de la ley está la reducción del la franja de protección del litoral de 100 a 20 metros en algunas circunstancias; que se revisarán los deslindes y que los "propietarios" de los terrenos amenazados por la invasión del mar o de las arenas de las playas, por causas naturales o artificiales, podrán construir obras de defensa, previa autorización, o concesión, siempre que no perjudiquen a la playa ni a la zona marítimo-terrestre, ni menoscaben las limitaciones y servidumbres legales correspondientes.

Una vez los terrenos sean invadidos pasarán a formar parte del dominio público marítimo-terrestre, según resulte del correspondiente deslinde. En todo caso, la norma establece que el adjudicatario estará "obligado" a adoptar medidas requeridas por la administración para adaptarse a la subida del nivel del mar, los cambios en la dirección del oleaje u otros efectos del cambio climático.

En cuanto a los periodos de las concesiones, que con la ley de 1988 eran de 30 años, más otros 30 de posible prórroga, con el nuevo proyecto de normativa pasan a 75 años y los concesionarios podrán traspasar las propiedades (por el periodo de tiempo restante de la concesión). Además, durante este periodo también se podrán heredar por parte de familiares.

Asimismo, con la norma que este jueves pasará el visto bueno del Congreso para su posterior sanción definitiva por el Rey, no se podrá otorgar ningún nuevo título de ocupación del dominio público marítimo terrestre en los terrenos que sean declarados en regresión grave y, excepcionalmente, en las zonas en las que "no exista riesgo cierto de inundación en los próximos cinco años", la declaración podrá prever que se otorguen derechos de ocupación para servicios públicos que serán prorrogables.

La norma contemplará también la posibilidad de celebrar eventos de interés general con repercusión turística en algunos tramos de playa y se podrán permitir los usos comerciales y de restauración en la zona de servicio portuaria, donde se prohíben las edificaciones para residencia o habitación.

Muy polémico

La reforma ha sido muy contestada por los partidos de izquierda y ecologistas porque consideran que desprotege y privatiza el litoral. Están en contra de que se amplíe a 75 años más las concesiones otorgadas a miles de viviendas asentadas sobre dominio publico marítimo terrestre, ni que los chiringuitos obtengan concesiones de cuatro años, en vez de anuales.

También se ha criticado la reducción de 100 a 20 metros de la franja de protección del litoral y la amnistía a 12 núcleos urbanos de Alicante, Girona, Huelva, Málaga, Valencia, Castellón y Pontevedra.

Por esta razón, varios activistas de Greenpeace han protagonizado en la mañana de este jueves una protesta junto a la Cámara baja. Ocho de ellos han sido detenidos por subirse al tejado del Congreso de los Diputados e intentar colgar una pancarta.

Tanto el Gobierno como el partido Popular han insistido en que la ley no permitirá nuevas construcciones en la franja del litoral protegido y en que el objetivo principal de la reforma es poner fin a la inseguridad jurídica que generó la anterior ley.

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