La Audiencia de Barcelona ha ordenado el ingreso en prisión de los dos expresidentes de Ferrocarriles de la Generalitat (FGC) Enric Roig y Antonio Herce, condenados a cuatro años y medio de prisión por malversación de fondos, una vez denegado el indulto que solicitaron al Gobierno.

Según han informado fuentes judiciales, la sección sexta de la Audiencia está notificando a los dos condenados que deben ingresar en prisión en los próximos días, después de que el Gobierno acordara el pasado 19 de abril denegarles el indulto que solicitaban.

A la espera de ese indulto, los condenados, que fueron presidentes de FGC durante los gobiernos de CiU, tenían suspendida la pena de cuatro años y medio de cárcel que les impuso el Supremo por la contratación ilegal de un plan de pensiones para directivos, con el que malversaron 2,7 millones de euros.

La Audiencia de Barcelona aceptó suspender la entrada en prisión de los dos condenados mientras el Gobierno resolvía si los indultaba, pero ahora no tienen otra alternativa que ingresar en la cárcel para cumplir la pena de cuatro años y medio que el Supremo les impuso en junio del año pasado.

Inicialmente, la Audiencia de Barcelona condenó a seis años de prisión a ambos exdirectivos por malversación de caudales públicos, mientras absolvió al tercer acusado, Albert Vilalta, también expresidente de FGC y después conseller de Medio Ambiente en la época de CiU.

Sin embargo, el Supremo estimó parcialmente los recursos presentados por las defensas y la Fiscalía contra la sentencia de la Audiencia y rebajó a cuatro años y medio las penas de prisión, mientras fijó en ocho años y medio la inhabilitación de ambos acusados por un delito de prevaricación.

Además, la sentencia del Supremo obligó a los condenados a indemnizar a los Ferrocarriles de la Generalitat con los 2,7 millones de euros desviados, tal y como reclamaba la Fiscalía en su recurso.

Los tres expresidentes de FGC, que sucesivamente dirigieron la empresa pública hasta 2004, fueron procesados por la contratación irregular de un plan de pensiones, a espaldas del consejo de administración de la compañía, que permitió que una quincena de directivos cobraran 2,7 millones de euros en sobresueldos.

La Audiencia de Barcelona consideró probado en su sentencia que Enric Roig y Antoni Herce idearon una "trama" para la creación del millonario plan de pensiones, "ambicionando un enriquecimiento económico personal muy superior al que le proporcionaría su retribución salarial".

Para el tribunal, Roig y Herce -que cobraron del fondo 178 y 46 millones de pesetas, respectivamente- hicieron extensivo el beneficio del plan a otros directivos de la empresa "para enmascarar su ilegal enriquecimiento", como se desprende del hecho de que algunos cargos percibieron su retribución sin cumplir siquiera los requisitos para hacerlo.

En su declaración en el juicio, los tres procesados alegaron que el plan de pensiones pretendía evitar la fuga de valiosos directivos de la empresa, en los años previos a los Juegos Olímpicos, cuando muchos de ellos se marchaban al sector privado.

La Audiencia desmontó esa versión argumentando que la "incomprensible ventaja económica llegó a contables, gestores e incluso miembros de la asesoría jurídica".