Más de 350 jueces y magistrados de toda España han hecho público este miércoles un manifiesto en defensa de la independencia judicial que critica la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), actualmente en tramitación parlamentaria.

Los magistrados firmantes consideran que la reforma del órgano "rompe el equilibrio propio de la división de poderes" y "supone una subordinación del poder judicial al poder político", al tiempo que sostienen que la administración de justicia se encuentra "en una grave situación de deterioro estructural" por falta de medios.

También critican que una reforma de estas características se haya impulsado "de manera unilateral, de forma precipitada, sin ningún diálogo real y con la oposición de todos los sectores de la administración de justicia". Por ello, reclaman un pacto sobre justicia "que garantice de una vez por todas la independencia judicial y la efectiva división de poderes que proclama la Constitución".

Entre los firmantes del manifiesto, promovido por Jueces para la Democracia y firmado por magistrados de distintas asociaciones y no asociados, se encuentran la vocal del CGPJ Margarita Robles; los magistrados del Tribunal Supremo Jordi Agustí Julia y Celsa Pico, los de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, José Ricardo de Prada, Javier Mártínez Lázaro y Ramón Sáez Valcárcel, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, Fernando Zubiri de Salinas, y el decano de los juzgados de Palma, Francisco Martínez.

"La crisis económica se ha convertido en el pretexto para desmantelar el Estado del bienestar y quebrar todos los consensos creados para garantizar la convivencia pacífica y constructiva", comienza diciendo el manifiesto, que añade que "en poco más de un año se ha llevado a efecto un importante retroceso de las libertades de la ciudadanía".

Según el escrito, la inclusión de las tasas judiciales, el despido de más de 1.200 jueces interinos y la falta de convocatoria de oposiciones en los distintos cuerpos de la Administración de Justicia "han debilitado la ya delicada estructura judicial".

Con estas medidas, mantienen, se ha "condenado a cientos de miles de personas a litigios que duran más allá de lo razonable" y se han "debilitado los medios de tutela de los grupos de personas más sensibles a los efectos de la crisis".

Se refieren a los "trabajadoras y trabajadores que ven cómo sus procesos se demoran meses antes de celebrar juicio" y a "personas desahuciadas y ejecutadas que pierden sus viviendas aun a sabiendas de que sus préstamos podrían incluir cláusulas bancarias abusivas".

Los jueces y magistrados resaltan que el principio de separación de poderes "es uno de los pilares esenciales del Estado de derecho" y que la sociedad necesita de un poder judicial "sólido" y "con capacidad para afrontar los conflictos sociales sin dejarse influir por interferencias políticas, mediáticas o de grupos de presión".

Exponen que el proyecto de reforma del CGPJ "arrebata importantes competencias" al órgano de gobierno del poder judicial. Se quejan de que con esta reforma el Ministerio de Justicia sustrae funciones sobre medios materiales y personales "que son fundamentales para la independencia judicial" y "en un contexto en el que se están investigando numerosos casos de corrupción todavía resulta más necesario que se respete la actuación de una judicatura independiente".

Después de admitir que el funcionamiento del CGPJ puede ser mejorable, consideran que "eso no puede suponer un pretexto para que desde el Gobierno se despoje al CGPJ de competencias relevantes", que afectarán al estatuto de los integrantes del poder judicial, "lo cual posibilitará un control y un condicionamiento de sus funciones jurisdiccionales".