La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Extremadura (UPA-UCE) ha cifrado en 43 millones de euros las pérdidas en "infraestructuras y producción" derivadas del temporal.

Así lo ha señalado el secretario general de esta organización, Ignacio Huertas, quien además ha pedido la dimisión del presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), José Díaz Mora, porque, según ha sostenido, la actuación de esta institución en lo referente al desembalse de los pantanos ha generado "un grave problema" a muchos ciudadanos de Extremadura.

Junto con ello, en rueda de prensa, Huertas ha solicitado la declaración por parte del Gobierno de España de las zonas afectadas como "zonas en situación de emergencia por catástrofe climática".

En este sentido, Ignacio Huertas ha pedido ayudas directas cofinanciadas desde el Ministerio de Agricultura y la Unión Europea para los agricultores afectados, junto con nuevas líneas de financiación para estos por las inundaciones en sus explotaciones.

Valoración de los daños

En cuanto a los daños acaecidos por el temporal,

Upa uce ha cifrado en 18,5 millones de euros lo referente a "infraestructuras y patrimonio", de los cuales "14 millones" pertenecerían a las pérdidas en las "comunidades de regantes y ayuntamientos" y 4,5 millones a la "maquinaria y servicios de las explotaciones".

Por otro lado, esta asociación agraria ha hecho una valoración de los daños generados "en la producción", cuya cifra asciende aproximadamente a "24,5 millones de euros".

Este montante se divide en varias partes como es el caso de los "frutales", en los cuales hay daños en plantaciones alrededor "de los cinco millones de euros".

Caso a parte es el "problema de la ciruela", ya que el temporal de lluvia ha provocado una "falta de cuajado" que ha conllevado una producción "menor" en relación "a lo que es un año normal", ya que ha habido aproximadamente "una reducción del 40 por ciento" por la que se van a perder entre "8 y 10 millones de euros", ha aseverado el secretario general de UPA-UCE Extremadura.

También han sufrido pérdidas los productores "hortícolas" ya que se han visto afectadas "más de 200 hectáreas entre espinacas y brócoli" y los daños están en unos "800.000 euros".

A esto se suman los daños acaecidos en las plantaciones de cereales y leguminosas, porque "los encharcados" han generado "una pérdida importante", la cual se ha cifrado en unos "9 millones de euros", ha matizado.

Actuación "negligente" y dimisión "pública"

En otro orden de cosas, la asociación ha calificado la actuación de la CHG como "negligente", y en base a ella han planteado a los agricultores que reclamen "jurídicamente" a esta institución "los daños que tienen en patrimonio".

Junto con ello ha pedido "responsabilidades políticas", y en este sentido ha exigido la dimisión del "principal culpable" de esta situación que es, para UPA-UCE, "el presidente de la CHG", porque es "el principal responsable" de una entidad que ha generado "un grave problema" a "muchos ciudadanos de Extremadura".

A este respecto, Ignacio Huertas se ha preguntado sobre la razón de por qué "se esperó al día 1 de abril" para hacer un "desembalse masivo", cuando ya se tenían los embalses de Guadiana "casi al 98 por ciento de su capacidad".

En relación a esta tardanza, Huertas ha cuestionado por qué no se actuó "antes" si el "día 27 de marzo" ya se tenían datos de un embalsamiento "muy importante" y los datos que tenía la CHG desprendían "que iba a seguir lloviendo mucho".

Para UPA-UCE, esta actuación contrasta con las inundaciones de 2010, "donde se hizo un desembalse con los pantanos al 78 por ciento de su capacidad" y donde se desembalsaron "600 metros cúbicos por segundo", ya que en 2013 se han soltado 1.400 metros cúbicos por segundo, "tres veces la cantidad de 2010", ha apuntado el secretario general.

También ha valorado negativamente la asociación agraria que la Comisión de Investigación sobre esta materia "se haya rechazado" en el Parlamento regional, ya que, como ha añadido, muchos ciudadanos de Extremadura "se han visto muy perjudicados" y en algunos casos "ha corrido riesgo su integridad física", todo derivado de "una mala gestión".

Actuaciones de las administraciones

Tampoco ha querido dejar de hacer referencia el responsable de UPA-UCE a la actuación de la Administración regional, ya que ha considerado que, "con respecto a la reparación que se está llevando a cabo en las infraestructuras" de las comunidades de regantes, "se está actuando rápido y bien".

Este no seria el caso, para Huertas, de las ayudas a los agricultores afectados que va a poner en marcha el Gobierno autonómico, las cuales van a ser "tardías" e "insuficientes", ya que pasarán "dos meses" hasta que los perjudicados puedan solicitar "la ayuda que le corresponda", la cual ascendería a "7.500 euros como máximo por explotación".

Y es que, según UPA-UCE, "no hay muchas explotaciones dañadas en números", pero las que están dañadas, "están muy afectadas".

En el mismo sentido ha valorado Huertas la actuación del Gobierno Central "que no ha hecho absolutamente nada"; además de mostrar su sorpresa por el hecho de que el delegado del Gobierno en la región, Germán López Iglesias, les convocara el 5 de abril para decirles que iba a hablar "cuanto antes" con el Ministerio de Agricultura para que les recibiera, y esta reunión con las organizaciones afectadas a nivel nacional no tendrá lugar hasta este jueves, día 9.

En dicha reunión, la organización agraria pedirá, entre otras reclamaciones, que se declaren algunas áreas como "zonas de emergencia por catástrofe natural", como son "todas las de la cuenca del Guadiana" y que además se atienda a los sectores "que han tenido una falta de producción" derivada "del temporal de lluvias".

Por este motivo solicitará que se pongan en marcha una serie de medidas como "ayudas directas cofinanciadas desde el Ministerio de Agricultura y la Unión Europea" para los agricultores afectados, junto con "nuevas líneas de financiación" para estos "por las inundaciones en sus explotaciones".

Problemas con la administración y los seguros

Finalmente, a preguntas de la prensa sobre si la cobertura de los daños no tendría que correr cargo de los seguros, Ignacio Huertas ha manifestado que ha habido "un problema con la administración y los seguros".

Así ha indicado que si ésta "hubiera apoyado los seguros", en lugar de tener "un 60 por ciento de la superficie de frutales asegurada" como se tiene, pues se hubiera tenido asegurado "por encima del 90 por ciento", como se tuvo en 2010.

Asimismo Huertas ha declarado que en esta materia hay "un déficit importante", sumado a que este año muchos agricultores, "porque no podían pagar mas, aseguraron menos kilos", lo que conlleva que las indemnizaciones "van a ser mucho menores".