El Tribunal de la Sección Segunda de Huelva juzga a partir de este miércoles a las 10,00 horas a diez personas, supuestamente pertenecientes a una red de narcotráfico, incluidos dos guardias civiles, que supuestamente les ayudaban a introducir drogas en España a través de la costa onubense.

Según reza en el escrito del Ministerio Fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal pide para los dos agentes de la Benemérita, J.T.G.P. y J.F.D., la pena de cuatro años y medio de cárcel por un delito de cohecho. En el caso de J.T.G.P., suma otros dos años y medio de inhabilitación por abandono de destino, y en el del otro agente, tres años más de prisión —uno por receptación y otros dos por falsedad en documento oficial—.

Además de los agentes están acusadas ocho personas más. Cuatro de ellas se enfrentan a cuatro años y diez meses de cárcel por tráfico de drogas y una multa de 18 y 20 millones de euros, una pena que, en los casos de dos personas, se incrementa en un año por otro delito de receptación. Para los otros cuatro restantes el fiscal solicita un año de cárcel por receptación para los tres primeros y tres años por falsedad en documento público y receptación para el cuarto.

Estas personas serán juzgadas a partir de este miércoles después de que el pasado mes de agosto el Tribunal Supremo los absolviera al considerar que se grabaron sus intervenciones telefónicas sin tener "datos objetivos" sobre su supuesta actividad delictiva.

La Sala de lo Penal anuló la sentencia dictada en noviembre de 2011 por la Audiencia Provincial onubense por la que se consideró culpables a los acusados de un delito de tráfico de sustancias estupefacientes que no causan grave daño a la salud, en cantidad de notoria importancia, y se les condenó a penas de cárcel y al pago de indemnizaciones millonarias. No obstante, ahora se les vuelve a juzgar tras admitir el recurso de casación interpuesto por la Fiscalía.

Los hechos se remontan a diciembre de 2009 cuando cuatro de los acusados, puestos de común acuerdo y en unidad de fin, custodiaban un total de 95 fardos de hachís, los cuales estaban almacenados en el salón y en otras dependencias de una casa ubicada en Gibraleón, siendo los mismos decomisados por agentes de la Guardia Civil el día 11 de diciembre de 2009 tras proceder al registro de la citada casa con la autorización del propietario y del inquilino de la misma.