El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha acordado este martes, a propuesta de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, sancionar con 415.000 euros a la empresa Dragados Offshore, SA, por una infracción de carácter muy grave contra la legislación en materia de seguridad y salud laboral.

Los hechos objeto de la sanción, que provocaron heridas y lesiones a 13 trabajadores, ocurrieron el 2 de julio de 2003 por el fallo de una plataforma elevadora que se desplomó desde una altura de diez metros en la factoría de esta empresa en Puerto Real (Cádiz).

Tras constatar los hechos, la Junta incoó un expediente sancionador que se paralizó en febrero de 2004 cuando el Juzgado de Instancia e Instrucción Número 3 de Cádiz asumió el caso. Una vez dictada sentencia judicial firme el 9 de enero de este año, se reanudó el procedimiento administrativo sancionador que ahora se resuelve.

La causa fue el fallo de un motor

Para adoptar esta decisión, el Gobierno andaluz ha tenido en cuenta tanto las actas elaboradas por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Cádiz como la propia sentencia judicial. En ambos casos se señala como hecho probado que la causa del accidente fue el fallo de un motor de la plataforma y de su dispositivo paracaídas.

Además, se pone de manifiesto la falta de acreditación de la cualificación profesional de los trabajadores que intervinieron en el montaje y mantenimiento del ascensor, unas operaciones que se encargaron a una empresa sin autorización administrativa para ello.

El expediente sancionador señala que los responsables de Dragados Offshore "omitieron las más elementales medidas de seguridad" al no tomar la precaución de cerciorarse de estas circunstancias, como tampoco comprobaron el cumplimiento de las instrucciones del fabricante sobre las revisiones periódicas del aparato y su protocolo de pruebas.