La imputación de la infanta Cristina en el 'caso Nóos' queda suspendida. La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma ha dejado sin efecto la imputación de la infanta y acepta parcialmente los recursos en contra de esta decisión que presentaron de la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado, la propia Infanta, el duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y el secretario personal de las infantas, Carlos García Revenga.

Esta decisión deja sin efecto la citación de la hija del rey para declarar por las actividades presuntamente delictivas del Instituto Nóos.

También se suspende la imputación respecto del "posible delito contra la Hacienda Pública o blanqueo de capitales" y la condiciona a que se aporte más información a la causa. La Sala pide al juez Castro que solicite a la Agencia Tributaria que aclare "las incertidumbres y dudas" que suscita, que dé audiencia a las partes y que decida si mantiene o no las imputaciones por delitos fiscal y "si por ello procede citar en calidad de imputada a la infanta".

Plazo para entregar los e-mails

La sala ha pedido al juez Castro que reclame a la defensa de Diego Torres que aporte los correos electrónicos que pretenda utilizar "en su defensa y en perjuicio de otros imputados", en un plazo determinado e improrrogable, con la advertencia de que transcurrido ese plazo no se le admitirá la entrega de más e-mails.

Castro deberá pronunciarse definitivamente tras examinar todos los e-mails de TorresUna vez examinados, el juez Castro "deberá pronunciarse definitivamente sobre el archivo parcial de la investigación respecto de la infanta", en cuanto a su participación en las actividades relacionadas con el Instituto Nóos.

El tribunal reitera que las indagaciones sobre un posible delito fiscal "no están conclusas y se hallan todavía sometidas a investigación y de las mismas podrían derivarse indicios de delito respecto de la infanta".  Señala la sección segunda además que, a partir del auto, se interrumpe la prescripción de esos posibles delitos.

Solamente ha habido un voto particular a favor de mantener la imputación emitido por parte del magistrado Juan Jiménez. Este voto particular considera que los indicios de la investigación pueden constituir un supuesto de cooperación necesaria o complicidad con los delitos supuestamente cometidos por Urdangarin y Diego Torres.

"La Justicia es igual para todos"

El juez Castro alegaba que no imputar a la infanta habría sido un descrédito para la JusticiaEl pasado 3 de abril, el juez Castro imputó a la infanta Cristina y la citó a declarar el 27 de abril, aunque posteriormente suspendió esta declaración, después de que el fiscal Anticorrupción presentara un recurso contra esta decisión el 5 de abril.

El juez aseguraba en el auto, que había decidido imputar a la Infanta Cristina antes de finalizar la instrucción de esta pieza, porque, en caso contrario, se hubiese dejado que "se perpetúe la incógnita" de su supuesta implicación en esta causa, lo que, en su opinión, sería un "cierre en falso en descrédito de la máxima de que la Justicia es igual para todos y una clara contradicción a la práctica cotidiana de los juzgados y tribunales que en casos similares es muy escasamente probable que prescindieran del trámite".

Castro afirma que a partir de la declaración de Diego Torres, exsocio del Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, en el Instituto Nóos, y de los numerosos correos electrónicos que aportó en su curso, "surgen una serie de indicios que hacen dudar" que la Infanta Cristina "desconociera la aplicación que su esposo diera a su mención como vocal de la Junta Directiva de la Asociación Instituto Nóos y en la mercantil Aizoon S.L.".

Por ello, ante los "indicios" existentes, el juez consideraba "inevitable" que la hija del Rey prestara declaración, al objeto de despejar "cualquier duda", dado que "hallándonos en la recta final de la instrucción, no parece procedente que ésta se ultime gravitando la más mínima sombra de sospecha sobre la intervención que haya podido tener y si fuere otra la valoración que su versión arrojara, se depuren las responsabilidades que procedan".

Varios recursos contra Castro

El recurso que presentó Horrach contra el auto de Castro, señalaba que "no se entiende" el sentido de la imputación, teniendo en cuenta que en la fase procesal en la que se encuentra el caso Nóos y concluida la investigación de la causa, no había "elementos incriminatorios" que sustenten una acusación formal contra Doña Cristina de Borbón.

Para Anticorrupción no había "elementos incriminatorios" contra la infanta

Recalcaba que la Infanta Cristina "ni es titular, ni es  autorizada o apoderada en cuenta corriente alguna vinculada al Instituto Nóos o a la Fundación Deporte Turismo e Integración Social, por lo que, en su opinión, el citado precedente judicial ofrece "nulo apoyo al razonamiento jurídico del instructor".

Mientras, la Infanta Cristina presentaba el 16 de abril un recurso en contra de su imputación, en el que aseveraba que no hay contra ella indicios de suficiente relevancia penal para declarar como encausada dentro de este procedimiento.

En esta línea, veían "altamente improbable" que el emplazamiento de la Infanta para que acuda a declarar a los Juzgados de Via Alemania de Palma resulte "útil a los fines del proceso". En su impugnación, los letrados apuntan en concreto a una vulneración del principio de igualdad, a la inexistencia de indicios incriminatorios y de infracción penal así como a la vulneración del principio acusatorio en la imputación.

Apoyo de la Abogacía del Estado

La Abogacía del Estado se adhirió a la impugnación del fiscal Pedro Horrach únicamente en relación al presunto fraude fiscal investigado en el caso Nóos, que se eleva a unos 470.000 euros, debido a que su personación en la causa se limita a la defensa de la Agencia Tributaria como perjudicada por la supuesta comisión de delitos contra la Hacienda pública.

La Abogacía afirmaba que no existe "un sólo indicio incriminatorio" respecto a la hija del Rey Don Juan Carlos "más allá de ser titular en un 50 por ciento de la sociedad Aizoon", de la que es copropietaria junto a su marido, Iñaki Urdangarin. Es más, apuntaba que ni siquiera al inspeccionar la actuación "fraudulenta y evasora" por parte del Duque de Palma, a quien Hacienda atribuye el impago de más de 240.000 euros entre 2007 y 2008 del IRPF, se desprenden indicios de cooperación o complicidad "de ninguna otra persona".