El exdelegado de Medio Ambiente de la Junta en Almería Clemente García acude este martes a la sede de la Ciudad de la Justicia para prestar declaración en calidad de imputado en el marco de las diligencias previas por las que se investigan si se hizo un posible uso fraudulento entre los años 2009 y 2012 de los fondos públicos de una cuenta bancaria de la Junta andaluza por un cuantía que ronda los 300.000 euros.

Según han indicado a Europa Press fuentes jurídicas, García deberá comparecer ante la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Almería, la juez Alejandra Dorero, quien instruye la causa a raíz de la denuncia interpuesta por la administración autonómica el 1 de febrero tras detectarse movimientos de carácter irregular presuntamente.

La denuncia fue ratificada hace una semana por el actual delegado territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, José Manuel Ortiz Bono.

Ortiz Bono, quien prestó declaración en calidad de denunciante-perjudicado, indicó que ratificó el contenido de la denuncia en todos sus detalles" y trasladó que cree y espera que la investigación judicial sea "rápida" ya que, según subrayó, "los hechos son muy claros".

Las irregularidades en la cuenta bancaria, en la que se ingresan las tasas en concepto de aprovechamientos forestales, se detectaron durante el proceso de fusión de los departamentos de Agricultura y Pesca, y Medio Ambiente de la Junta andaluza en Almería.

En la denuncia de la que deriva la incoación de diligencias previas por parte de la juez Alejandra Dodero se indica que, con el exdelegado Clemente García al frente del departamento de Medio Ambiente, se produjeron movimientos por un valor de 180.000 euros mientras que, bajo responsabilidad de su sucesora en el cargo, Sonia Rodríguez, se habrían defraudado presuntamente unos 100.000 euros.

La citada denuncia recoge que, durante un breve periodo con Ortiz Bono, los movimientos sospechosos en esta cuenta, que ya se encuentra fiscalizada y bajo control según la Junta, habrían llegado a los 20.000 euros. La delegada del Gobierno andaluz en Almería, Sonia Ferrer, señalo que el control de esa cuenta era de "un cargo público y de un funcionario".

Rodríguez solicitó la pasada semana al juzgado instructor su personación como perjudicada en las diligencias y se desvinculó de los hechos denunciados al asegurar que no tuvo "conocimiento alguno de las irregularidades que presuntamente se cometieron".