Esta semana se cumplen tres años de la llegada de las recetas de austeridad a España. El 7 de mayo de 2010 comenzaba la que se anunciaba como una cumbre europea destinada a tratar la crisis griega y la creación de un mecanismo financiero que sirviera de cortafuegos ante un hipotético contagio en países del euro. Sin embargo, se dio comienzo a una política de ajuste del gasto y subidas de impuestos que ha sido mantenida por los dos últimos ejecutivos y que ha tenido uno de sus más claros exponentes en la reforma constitucional aprobada de forma urgente para consagrar el ajuste de cuentas.

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, caracterizado hasta entonces por la expansión del gasto público y la defensa del déficit público como un arma política, se vio obligado (por la realidad y las presiones de países como Alemania y Francia) a comenzar el 9 de mayo de 2010 una estrategia -la de la consolidación fiscal- que, a la vista de los datos, ha provocado un empeoramiento de los principales indicadores económicos.

A pesar de que el propio presidente Mariano Rajoy ha ratificado su convicción respecto a los ajustes ("Sin consolidación fiscal es imposible volver al crecimiento y el empleo", ha señalado este lunes), cada vez son más los economistas y países contrarios a las políticas de ajuste que no apoyan el crecimiento con medidas de estímulo, ya que los posibles ahorros logrados no compensan las pérdidas de recaudación y aumentos de gastos ocasionados por los tijeretazos.

Economistas del FMI como Reda Cherif y Fuad Hasanov sostienen en este artículo que la consolidación fiscal que conlleva reducciones bruscas del déficit son "arriesgadas, y que se debe emprender una senda de corrección más lenta". Más allá se atreve a llegar el profesor de la London School of Economics Paul De Grauwe, para quien "los tiempos y la intesidad de los programas de austeridad han sido dictados por sentimientos de pánico y miedo, en vez de ser el resultado de procesos de decisión racionales". En opinión de este analista belga, el escenario "deseable" conlleva un inevitable ajuste del déficit extendido en el tiempo para los países del sur, mezclado con estímulos fiscales de países del norte.

Otros estudiosos como Guntram B. Wolf, del think tank europeo Bruegel, reclaman una especie de plan Marshall (grandes inversiones públicas) en los países del sur para revigorizar el crecimiento de sus economías. Precisamente un plan así, en favor del crecimiento y el empleo, se anunció ya en junio de 2012. Entonces se anunciaron 120.000 millones de euros, el equivalente al 1% del PIB europeo, para impulsar medidas de crecimiento rápido. La medida no parece haber tenido un desarrollo continuado desde entonces.

Mayo de 2010 supuso la imposición de una sola forma de hacer política en la zona euro. Los últimos tres años han estado marcados, no solo en España, por medidas de ajuste lanzadas siempre en dos direcciones: reducir el gasto público y aumentar los ingresos vía impuestos y tasas.

Tanto Zapatero como Rajoy se mostraron como firmes defensores de las bajadas de impuestos. Posiciones a las que ambos han tenido que renunciar en pos de la consolidación fiscal. Los españoles han visto como han ido perdiendo poder adquisitivo debido, entre otras medidas, a las dos subidas del IVA y al "gravamen adicional" en el IRPF aprobados por los populares en 2011 y 2012. El impuesto de la renta ya había sido incrementado en 2010 por el Ejecutivo de ZP, que había creado dos nuevos tramos para los salarios más altos.

Junto al incremento de la presión fiscal se han aprobado innumerables medidas de recorte del gasto público. Las primeras, en aquel mayo de 2010, eliminaban derechos sociales de nuevo cuño, como el cheque bebé, al tiempo que se suspendía la revalorazación de las pensiones y se rebajó un 5% el salario de los funcionarios.

Desde entonces, y tras el cambio de Gobierno, los recortes y tijeretazos han sido la constante en los presupuestos tanto de la administración central como las autonómicas y locales: recortes del 22% en el gasto sanitario, nueva no actualización de las pensiones, supresión de una paga extra a los funcionarios, repago farmacéutico, tasas judiciales...

Si en mayo de 2010 los niveles de desempleo (ya percibidos entonces como el gran problema español) apenas superaban el 20%, en la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al primer trimestre de este año se constata una tasa de paro del 27,16%. Hay actualmente más de 6,2 millones de parados, casi dos millones más que antes del comienzo de la cruzada contra el déficit.

No solo ha aumentado el número de parados, sino que las condiciones generales del colectivo de personas desempleadas se han deteriorado durante los últimos tres años: Si en 2010 los hogares con todos sus miembros en paro eran menos de 1,3 millones, actualmente la cifra roza los dos millones de familias, según los últimos datos del INE, que además ya cifra en casi tres millones los parados de larga duración.

El objetivo primordial de los recortes y las subidas de impuestos es ajustar las cuentas públicas; un objetivo, que a la vista de los datos, no se ha logrado en absoluto. Desde mayo de 2010 el nivel de endeudamiento público se ha incrementado en más de 300.000 millones de euros (con pagos de intereses crecientes), y la actividad ha caído tanto que la recaudación tributaria se ha desplomado en España. Resultado: el déficit público, que hace tres años era del 9,7%, se incrementó hasta el 10,6% el pasado ejercicio, con un rescate a la banca de por medio.

El fracaso económico se completa con las cifras de decrecimiento que han conllevado estos recortes: el PIB acumula ya un trienio sin crecer, en 2012 registró un descenso del 1,37% y el propio Gobierno estima que caerá otro 1,3% este año. Y es que, a pesar de lo promulgado por los defensores de la austeridad, todos los países afectados por estas políticas están viendo como sus economías están sumidas en profundas recesiones.