La destrucción de empresas y puestos de trabajo ha reducido la actividad, lo que ha hecho también caer las denuncias laborales. No obstante, esta doble problemática también ha provocado “un fenómeno de precariedad laboral” que ha llevado a considerar el empleo “un fin en sí mismo y coacciona –o disuade– al trabajador, o a sus representantes, para no denunciar abusos e irregularidades”.

Esta es la descripción que hace el fiscal delegado de Siniestralidad Laboral de la Fiscalía de Valencia, Jaime Gil, en la memoria de este departamento relativa a 2012, a la que ha tenido acceso 20 minutos.

De hecho, el Ministerio Público abordó en todo el ejercicio 150 actas de infracción en el ámbito laboral (en 2011 hubo 156), la mayoría por accidentes laborales. Según el fiscal, en 2012 se volvió al número de 2006, lo que considera “un reflejo de la menor actividad empresarial en todos los sectores, por clara destrucción de tejido productivo” y por “precariedad laboral”.

Todos estos factores han provocado el descenso en las denuncias. Aunque la mayor parte de ellas llegan a través de la Inspección de Trabajo, los sindicatos también las interponen. Pero, según Jaime Gil, “los distintos sindicatos, colectivo muy activo otros años, no han remitido denuncias” en 2012.

De ese total de actas recibidas, la Fiscalía selecciona las que considera de mayor entidad para interponer denuncia por si fueran constitutivas de infracción penal. En caso contrario, archiva las diligencias para que continúen por la vía administrativa.

La mayor parte de las actas remitidas a la Fiscalía hacen referencia a accidentes laborales que “lógicamente, ya se han judicializado”, por lo que el Ministerio Público se limita a remitir el expediente al juzgado que lleva a cabo las investigaciones.