El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, ha indicado que con la legislación vigente hasta 2006 le resultaba "prácticamente imposible" comprobar las donaciones anónimas como las reflejadas en los llamados 'papeles' del extesorero del PP Luis Bárcenas, una situación que se reparó con las reformas posteriores de la ley de financiación de partidos políticos.

En una entrevista, Álvarez de Miranda ha asegurado que la ley de 2007, modificada en 2012, "permitió mejorar el control de las donaciones y, en general, de las distintas fuentes de financiación privada de las formaciones políticas".

"Uno de los aspectos más relevantes de la Ley de 2007 consistió en la prohibición de las donaciones anónimas a favor de los partidos políticos, que estaban permitidas en la normativa anterior, con ciertos límites, pero cuya propia naturaleza hacía que fuera prácticamente imposible comprobar el cumplimiento de dichos límites, tal y como ha venido señalando reiteradamente el Tribunal de Cuentas en sus informes", relata, al ser preguntado por la contabilidad que llevaba Bárcenas y que ha salido a la luz en 2013.

Frente a las críticas de algunos partidos, Álvarez de Miranda defiende la independencia de la institución subrayando que es preferible que los consejeros sean elegidos por el Parlamento en lugar de ser propuestos directamente por el Gobierno, como ocurre en otros países. Eso sí, "siempre que se garantice que aquella elección parlamentaria se realice a favor de personas cualificadas y se disponga de un régimen jurídico, a ser posible de rango constitucional, que garantice dicha independencia".

En este sentido, subraya que la Constitución reconoce que los miembros del Tribunal de Cuentas "gozarán de la misma independencia e inamovilidad y estarán sometidos a las mismas incompatibilidades que los jueces", lo que habilita a los consejeros para ejercer sus funciones "con absoluta independencia frente a cualquier injerencia de las fuerzas políticas o sociales". Incluso si algún consejero tiene un pasado político o de gestión pública, "la legislación establece límites estrictos para que dicha trayectoria no afecte al ejercicio de la función fiscalizadora o jurisdiccional".

Preguntado por el intento de PP de ofrecer una auditoría externa de sus cuentas cuando estalló el 'caso Bárcenas', Álvarez de Miranda recuerda que "la ley establece que corresponde exclusivamente al Tribunal de Cuentas el control de la actividad económico-financiera de las formaciones políticas, sin perjuicio de las competencias de los Órganos de Control Externo autonómicos".

Respecto a las fiscalizaciones pendientes sobre la contabilidad ordinaria de los partidos políticos (la última se refiere al ejercicio 2007), el Tribunal de Cuentas insiste en que en este año se va a poner al día aprobando los siguientes cuatro informes en los próximos meses. Del relativo a 2008, ha recibido ya las alegaciones de los partidos y prevé aprobarlo a finales de este mes o en junio, y ya tiene avanzados los trabajos de los siguientes ejercicios (2009-2011) para aprobarlos en octubre.

Álvarez de Miranda subraya que es "imposible" evitar un cierto desfase entre el ejercicio fiscalizado y el informe ya que el tribunal examina las cuentas un a vez que son rendidas, pero admite que aún se siguen aprobando trabajos de su anterior programa de fiscalizaciones.

En todo caso, sostiene que en el Programa para 2013 se ha acordado la realización de fiscalizaciones más próximas en el tiempo y más concretas, "lo que redundará en una mayor aproximación entre la fecha de aprobación de los informes y el periodo fiscalizado", y garantiza que "existe la voluntad firme de finalizar entre este año y el siguiente" todas los trabajos pendientes.

El presidente del Tribunal de Cuentas también denuncia que "aún es significativo el elevado número de empresas" que no colaboran con la institución en la comunicación de sus relaciones económico-financieras con los partidos, especialmente cuando funcionan como proveedores de bienes y servicios en los procesos electorales.

La entidad fiscalizadora ha propuesto mejorar la regulación del deber de colaboración de terceros con el Tribunal de Cuentas, incluyendo un adecuado régimen sancionador para aquellos que no cumplan, así como otras medidas dirigidas a garantizar que las adquisiciones de bienes y servicios por parte de los partidos tiendan a primar la oferta económicamente más ventajosa, dado el carácter público de la mayor parte de su financiación".