La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) ha calificado como un "nuevo varapalo para las personas más vulnerables y que más necesitan de las administraciones" las medidas previstas por el Gobierno en el Plan de Reformas de 2013 en materia de dependencia.

Mientras el Ejecutivo sostiene que se trata de un ahorro de 1.108 millones de euros para este año en el sistema de atención a la dependencia, numerosas organizaciones afirman que se trata de un "recorte" a la Ley de Dependencia.

"Nuevos recortes", según el presidente de Cocemfe, Mario García, cuya aplicación es "inadmisible, porque mermará los derechos de cientos de miles de personas mayores y personas con discapacidad que necesitan apoyos intensos para su vida diaria y su autonomía individual".

En la misma línea se ha referido al incremento previsto de hasta un 5% en los próximos tres años de la aportación de los beneficiarios de estos servicios. Esta medida, según el Gobierno ya fue acordada en un Consejo Interterritorial el pasado julio. No obstante, García ha manifestado que el repago en el sistema de atención a la dependencia "ya es elevado como para pretender ahora volver a subirlo".

Por eso, Cocemfe ha reclamado un "gran pacto" entre políticos y administraciones que "salve" el futuro de la Ley de Dependencia, dándole una estabilidad institucional que acabe con "la frustración que ha creado en las personas a las que debería beneficiar". Asimismo, ha pedido que el sistema sea gestionado por la Seguridad Social para "evitar las actuales desigualdades por territorios".

Por su parte, el portavoz del Ejecutivo de Catilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, ha asegurado que su comunidad "está preocupada" y no va a aceptar "recortes" en los convenios con los que actualmente el Estado financia servicios públicos esenciales, como la dependencia. En este sentido, ha lamentado que la comunicación con el Gobierno central no haya sido "tan fluida como debería haber sido" para informar de sus planes.

Por eso, el popular ha explicado que han recibido "con sorpresa" los planteamientos del Ejecutivo en materia de dependencia en el documento presupuestario remitido a la Unión Europea, pero ha dejado claro que en su comunidad no habrá cambios de guión: "Nosotros no tenemos previsto ningún ajuste en dependencia para conseguir un ahorro, las aportaciones de los usuarios se fijaron el año pasado y vamos a seguir potenciando los servicios profesionales".

Por otro lado, la vicesecretaria de Políticas Sociales y Acción Sectorial del PP-A, Dolores López Gabarro, ha acusado a la Junta de Andalucía de intentar "sacar pecho con la Dependencia" a costa de "mentir" sobre las medidas puestas en marcha por el Ejecutivo Central y ha asegurado que "es rotunda y absolutamente falso" que se vayan a recortar unos 1.100 millones de euros, sino que la propuesta actual del Gobierno responde a lo acordado en el Consejo Interterritorial del pasado verano. En la misma línea, ha retado a la consejera de Bienestar Social, María Jesús Montero, a que explique, "sin mentir", por qué 57.000 dependientes andaluces no reciben la ayuda que les corresponde.