El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Castellón ha imputado a once personas como supuestos autores de un delito contra la ordenación del territorio y a uno de ellos, además, se le atribuye un delito contra los recursos naturales, por supuestamente facilitar la explotación de una cantera ubicada en terrenos considerados Bienes de Dominio Público y entorno de Espacio Protegido, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

La actuación de la Guardia Civil se inició a raíz de las inspecciones que realiza el Seprona con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normativa urbanística en materia de ordenación del territorio.

En una de estas inspecciones, los guardias civiles detectaron una cantera a cielo abierto entre los municipios castellonenses de Borriol y La Pobla Tornesa, cuya actividad podía estar afectando al Paraje Natural del Desierto de las Palmas y su zona de influencia.

La Guardia Civil inició una investigación y detectó que la licencia urbanística de los terrenos donde se encontraba la cantera había sido recalificada de cultivo agrícola a cultivo de especies forestales para biomasa y comprobaron que tal cultivo no se estaba produciendo.

Por dicho motivo, el Seprona inició la 'Operación Atalaya' para esclarecer los hechos, ya que los terrenos en los que se sitúa dicha cantera son terrenos protegidos según el Plan Urbanístico de La Pobla Tornesa y cuentan con protección paisajística.

Además, los agentes detectaron que la explotación de dicho terreno afectó a bienes de dominio público con la extracción de pizarras y arcillas sin haberlo solicitado y con movimientos de tierra en el cauce del Barranco de la Bodega, así como a la biodiversidad de la fauna y flora circundante protegida por la normativa europea.

Siete denuncias

En total se han extraído cerca de 9.000 toneladas de pizarra y arcilla con un valor superior a los 100.000 euros. Como resultado de la investigación realizada por el Seprona se realizaron siete denuncias tramitadas a las consellerías de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente de Castellón; Agricultura, Pesca y Alimentación; Economía, Industria, Turismo y Empleo; a la Confederación Hidrográfica del Júcar y a los ayuntamientos de Borriol y La Pobla Tornesa.

Asimismo se procedió a la imputación de once personas como supuestos autores de un delito contra la ordenación del territorio y, además, se le atribuye a una de ellas un delito contra los recursos naturales.

Los imputados, R.A.E., de 68 años; M.A.C., de 43 años; M.G., de 27 años; A.C.M., de 44 años; A.G.G., de 35 años; S.M.R., de 33 años; J.P.F., de 58 años; J.S.P., de 52 años; M.G.B., de 36 años; G.C.T., de 46 años; y V.N.M., de 55 años; quedaron en libertad previo conocimiento del Decanato de la Ciudad de la Justicia de Castellón. Las diligencias instruidas se entregaron en dicho Decanato y en Fiscalía de la Audiencia Provincial de Castellón.