Junta y sindicatos se vuelven a reunir este viernes, 3 de mayo, para negociar la reforma de la Ley de Empleo Público después de que las tres reuniones anteriores se saldaran sin acuerdo. El principal escollo es la modificación de la normativa sobre incapacidad temporal por enfermedad común.

De cara a este encuentro, el sindicato CCOO ha acusado al Gobierno regional de modificar "unilateralmente" el orden del día de la reunión, que en principio tenía como único objetivo continuar con la negociación de la Ley de Empleo Público.

En nota de prensa, CCOO denuncia que ahora han añadido un segundo punto dedicado a la privatización de 12 residencias universitarias y un tercero con 'Información sobre STS, de 3 de abril de 2013, por el que se anula el Acuerdo de Salud Laboral de 2007'.

Por ello, han reclamado que se retiren esos puntos pues "menoscaban y distorsionan la negociación de la Ley de Empleo Público", además de "poner en evidencia las prisas del consejero de Educación por privatizar y cerrar residencias".

Por su parte, el sindicado CSI.F, en un comunicado, ha pedido al Gobierno regional que "deje de nadar a contracorriente" en el tema de la incapacidad temporal, pues son muchos los miles de empleados públicos que sufren "día a día la estrategia dilatoria del Gobierno de Cospedal que sigue retrasando", pues Castilla-La Mancha tiene la normativa "más restrictiva" de todas las administraciones públicas españolas.

A juicio de CSI.F los datos y estadísticas oficiales reflejan la "escasa repercusión de ahorro o recaudatoria" que tiene la postura del Gobierno castellano-manchego que, sin embargo, "mantiene y consolida una discriminación inaceptable de sus funcionarios, laborales y estatutarios con el resto de empleados públicos de las Administraciones españolas".

Por su parte, la Junta de Personal de los Centrales de la Junta de Comunidades confía en que la mesa de negociación convocada para este viernes termine con la "discriminación" que supone que los empleados públicos de la región tengan la "peor" y más "restrictiva" normativa que existe en toda España sobre la incapacidad temporal por enfermedad común.

La Junta de Personal critica que el Gobierno regional ponga "obstáculos" a esa adecuación de la normativa sobre Incapacidad Temporal y se sigan firmando Decretos para abultar las plantillas con puestos de libre designación y asesores o mantengan las "innumerables" empresas públicas.