La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Paula Sánchez de León ha anunciado este jueves que la reforma de la Ley de Costas va a permitir prorrogar todas las concesiones existentes amparadas por la actual legislación, lo que incluye a los restaurantes y chiringuitos.

Así, se lo ha transmitido Sánchez de León a la concejala de Playas de Valencia, Lourdes Bernal, en una reunión que han mantenido este jueves, según ha informado la Delegación del Gobierno en un comunicado.

En el caso concreto de la ciudad de Valencia, la delegada del Gobierno ha afirmado que los primeros beneficiados por la reforma serán los 14 restaurantes ubicados en la playa de la Malva-rosa, puesto que su concesión vence el próximo mes de junio, además de los establecimientos de la playa de Las Arenas, Pinedo y El Saler.

"Con esta actuación, el Gobierno actual, a través del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente da por cumplida una demanda que el sector viene reivindicando desde el año 2009", ha señalado Paula Sánchez de León.

El artículo 2 de la ley, sobre la prórroga de las concesiones otorgadas al amparo de la normativa anterior, en su apartado primero, establece que las concesiones para la ocupación del dominio público marítimo-terrestre existentes, que hayan sido otorgadas antes de la entrada en vigor de la presente ley, podrán ser prorrogadas, a instancia de su titular, de acuerdo con lo dispuesto en el presente artículo.

La prórroga se aplicará igualmente a los titulares de un derecho de ocupación y aprovechamiento amparado por la disposición transitoria primera de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, previa solicitud de la correspondiente concesión.

Aprobación definitiva, 9

De mayo

Sánchez de León ha recordado que está previsto que se produzca la aprobación definitiva de la nueva normativa el próximo 9 de mayo y entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La delegada del Gobierno ha destacado que la reforma de la Ley de Costas "pretende colaborar con los ciudadanos, teniendo en cuenta el actual momento económico, preservando la calidad de nuestras costas". "En definitiva —ha continuado— se trata de mejorar la seguridad jurídica de los prestadores de servicios y de facilitar sus actividades, especialmente del sector de la hostelería, haciéndolo compatible con la conservación del medio ambiente".