El dueño de Uniter recurre el bloqueo de sus cuentas decretado por Alaya porque le dejará en la "indigencia"

José González Mata, dueño de la mediadora Uniter e imputado en la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía, ha recurrido la decisión de la juez Mercedes Alaya de bloquear todas sus cuentas bancarias, ya que entiende que con ello "se va a procurar" su "absoluta indigencia" y la "desaparición" de Uniter y otras compañías mercantiles administradas por el imputado.

José González Mata, dueño de la mediadora Uniter e imputado en la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía, ha recurrido la decisión de la juez Mercedes Alaya de bloquear todas sus cuentas bancarias, ya que entiende que con ello "se va a procurar" su "absoluta indigencia" y la "desaparición" de Uniter y otras compañías mercantiles administradas por el imputado.

Hay que recordar que, el pasado día 2 de abril, la juez de Instrucción número 6 de Sevilla dictó un auto en el que ordenaba bloquear un total de 84 cuentas bancarias que se encuentran a nombre del dueño de la mediadora o de algunas de las empresas vinculadas a Uniter, como son Cureña S.L. o Ingotor Seguros S.L..

En su recurso, consultado por Europa Press, el abogado de González Mata asevera que, con esta medida, "se va a procurar la absoluta indigencia" del imputado y la desaparición de dos empresas "vivas" como Uniter y Cureña, "pero no va a servir a la acción de la Justicia", sino que por el contrario "se va a propiciar que bienes que podrían servir a esos fines sean malbaratados en beneficio sólo y exclusivamente de los bancos acreedores".

Por todo ello, concluye que la medida cautelar adoptada "para nada sirve a los fines del proceso y sólo va a propiciar la desaparición de las empresas afectadas, y con ella, de su solvencia, por lo que al fin y a la postre el Juzgado no va a disponer de activo sobre el que poder actuar en aras a procurar la satisfacción de la eventual responsabilidad civil que se declare".

Con dicha medida cautelar, González Mata, Uniter y Cureña "no van a poder hacer frente a obligaciones tan básicas como el pago de los suministros de luz, agua y teléfono; no van a poder hacer frente a los recibos de las comunidades de propietarios en que se integran los inmuebles que poseen, ni van a poder hacer frente a las nóminas de sus trabajadores".

Además, "no van a poder pagar las cuotas de la Seguridad Social dimanantes de las relaciones laborales que mantienen, ni van a poder cumplir con los aplazamientos de las obligaciones tributarias contraídas ni con los pagos que se devenguen en el futuro inmediato", a lo que se suma que "no van a poder cumplir con las amortizaciones periódicas de los préstamos hipotecarios en su día contratados".

A su juicio, la medida adoptada por la magistrada "es, aparte de carente de motivación, injustificada, desproporcionada y adoptada sin respeto a los requisitos legales", por lo que solicita que, en lugar del bloqueo de los productos financieros citados, se establezca una medida "menos gravosa" como es la de nombrar a un administrador judicial para Uniter y Cureña.

Tras aseverar que la medida de bloqueo "se refiere incluso a personas jurídicas que ni siquiera están imputadas en el procedimiento", como son Uniter y Cureña, el abogado cuestiona "por qué son necesarias unas medidas cautelares que, al menos en lo que a José González Mata, Cureña y Uniter respecta, para nada van a servir a los fines del procedimiento".

"despido de decenas de trabajadores"

Así, añade, sólo va a propiciar "la situación concursal de una empresa, el despido de decenas de trabajadores, la ejecución desordenada de bienes y el malbaratamiento de un activo, en su gran mayoría hipotecado, que ni siquiera va a poder mantenerse en el patrimonio de los receptores de la medida cautelar en la medida en que ésta va a impedir el cumplimiento de las obligaciones corrientes".

Asimismo, dice que su cliente se encuentra imputado en el proceso desde el 27 de enero de 2012 en relación con la póliza de Calderinox y la inclusión de tres 'intrusos' en la misma que generó un sobrecoste de 255.429,02 euros. "Hasta el día de la fecha, esta es toda la imputación que se ha realizado por el Juzgado", y con tal imputación "difícilmente se pueden justificar unas medidas cautelares como las que recurrimos", argumenta.

A ello se añade, además, que en los tres años que el procedimiento lleva abierto, el imputado "ni ha alzado bienes, ni ha procurado su insolvencia ni de ningún modo se ha sustraído a la acción de la Justicia", sino que "muy al contrario, se encuentra a disposición del Juzgado en todo momento, está personado en la causa e interviene activamente en ésta". "Más aún, ni siquiera se ha cuantificado su eventual responsabilidad civil, razón por la cual es absurdo pensar que se va a negar a cumplimentarla", agrega.

González Mata es uno de los imputados en la causa que se encuentran pendientes de declarar ante la juez.

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