El coordinador regional de UPyD en la Región de Murcia, Rafael Sánchez y el responsable de Organización Territorial, Álvaro Fernández, mantuvieron durante la tarde de este martes un encuentro en la sede regional de UPyD con el Comité de Empresa de Tissat 112 Región de Murcia, en la que se abordó la situación laboral en la que se encuentran los 75 trabajadores que forman parte de esta empresa de nuevas tecnologías, encargada de servicios como la atención de las llamadas de emergencias 112 de la Región.

Durante la reunión, el Comité de Empresa de Tissat trasladó a UPyD que, a pesar de que la Comunidad Autónoma ha pagado a la empresa las cantidades anuales comprometidas, como son el complemento de productividad que se cifra en 56.000 euros, el complemento de vestuario por valor de 30.000 euros, el complemento de localización por 71.000 euros, así como la cantidad abonada también para ejecutar la campaña de difusión y visibilidad, en este caso la cuantía percibida fue de 21.500, "ninguna de estas partidas económicas se ha visto revertida en el correcto funcionamiento de la empresa y en la mejora de la situación de los 75 trabajadores que forman parte de la plantilla en Murcia".

En este sentido, los miembros del Comité manifestaron que no entienden el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que "impone una rebaja salarial de casi un 20 por ciento, así como el incumplimiento del pliego de condiciones en cuestiones que afectan directamente a los trabajadores, cuando desde la Administración regional se está al día de pago y no ha habido recorte económico alguno hacia la empresa".

Por su parte, Rafael Sánchez ha mostrado su "rechazo" a la situación que está viviendo el colectivo de trabajadores del 112 en Murcia y les ha expresado todo su "apoyo y solidaridad", denunciando la "dejación de responsabilidades de la empresa" y exigiendo a la Consejería de Presidencia "que tome cartas en el asunto de manera urgente dada la gravedad de las circunstancias actuales".

Para finalizar, Sánchez ha señalado que la Consejería tiene la obligación de asegurarse que el dinero público se destina para lo que ponen las condiciones del contrato "y no para capitalizar a una empresa privada" y ha añadido que la transparencia y la rendición de cuentas son imprescindible para disipar dudas, "sería inadmisible que la Consejería se desentendiese y no aclarase todo estos aspectos".