Los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Margarita Robles y Antonio Dorado han discrepado este martes sobre si la reforma del órgano de gobierno de los jueces impulsada por el Gobierno central puede poner en cuestión la independencia de jueces y magistrados.

Durante su intervención en una jornada sobre la reforma de la administración de Justicia, celebrada en el Parlamento andaluz, Margarita Robles ha criticado la reforma impulsada por el Gobierno del PP "por haberse saltado el diálogo y el consenso necesario" para un proyecto de este calado y "haber optado por la imposición".

Además, ha puesto de relieve que se está poniendo en cuestión la independencia judicial, aseverando que "sin esa independencia de jueces y magistrados, no hay Estado de Derecho". A su juicio, la reformas que está planteando el PP en materia de Justicia "están restringiendo los derechos de la ciudadanía y no están dando respuesta a sus problemas reales".

De su lado, el vocal del CGPJ Antonio Dorado ha asegurado que "es el momento adecuado" para acometer esta reforma y de cambiar este consejo, "que ha tenido más sombras que luces y más defectos que virtudes en los últimos años, suponiendo además un excesivo gasto".

En su opinión, "no hay ninguna merma ni ataque a la independencia con esta reforma, cuyo modelo se ajusta al modelo constitucional".

Por su parte, el catedrático de Derecho Penal de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona Gonzalo Quintero ha cuestionado la fórmula de elección de los vocales del CGPJ y, especialmente, la de su presidente, para lo que ha propuesto el establecimiento de una prueba de idoneidad para el cargo similar a la que se exige a los candidatos a magistrado del Tribunal Constitucional.

Asimismo, ha opinado que "hay que desnudar a todos los candidatos antes de aspirar al cargo", al mismo tiempo que ha señalado que terminar con la dedicación exclusiva de los vocales "no supone ningún ahorro".

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Las reformas que vienen. PROPUESTAS'

De su lado, el magistrado de la Audiencia Provincial de Cádiz y exvocal del CGPJ Juan Carlos Campo ha puesto de relieve la necesidad de acabar con el debate sobre el binomio entre politización y corporativismo y ha reclamado poner a la ciudadanía en el eje central del poder judicial y del debate sobre su futuro.

Por otro lado, y dentro de la mesa redonda titulada 'Las reformas que vienen. Propuestas', el portavoz del PP en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, José Miguel Castillo-Calvín, ha dicho que uno de los grandes problemas de la Justicia en España es la alta litigiosidad que arrastra y las deficiencias en la organización del sistema de justicia.

Asimismo, ha considerado que la reforma de la Justicia que está en marcha trata de superar las deficiencias del sistema actual y liberar a la oficina judicial de los problemas que la agotan.

El copago

Por su parte, el portavoz del PSOE en la Comisión de Justicia del Congreso, Julio Villarrubia Mediavilla, ha criticado el establecimiento del copago en la Justicia en España, ya que se ha implantado una justicia "de dos velocidades, una para ricos y otra para pobres, que pone en peligro el derecho a la tutela judicial efectiva".

Además, ha dicho que el Gobierno central del PP "ha impedido el consenso" para la reforma, "imponiendo de forma partidista una ocupación" del poder judicial por parte del PP.

Por último, la portavoz de IULV-CA en la Comisión de Justicia del Parlamento de Andalucía, Alba Doblas, ha señalado que los ciudadanos "no tienen la culpa del colapso de los órganos judiciales", que ha achacado a problemas como el incumplimiento de las directivas europeas sobre los derechos de los consumidores en sectores como la banca o la telefonía.

Ha dicho también que, en España, no existe actualmente la igualdad de los ciudadanos ante la Justicia, porque la misma "está considerada como un objeto de mercado", y al respecto ha criticado la privatización de los registros civiles y que se hayan otorgado poderes matrimoniales a los notarios.

Este foro de debate, organizado por la Consejería de Justicia e Interior de la Junta, es una apuesta de la Junta para contribuir desde Andalucía al diálogo y el consenso necesarios para afrontar estas reformas legales en el ámbito judicial que afectan al bloque constitucional.