La Mesa del Parlamento vasco ha acordado este martes personarse en la cuestión de insconstitucionalidad presentada por el Gobierno central contra la Ley de Ordenación del Sistema de Seguridad Pública de Euskadi, admitida a trámite por el Tribunal Constitucional (TC) y que conlleva la suspensión de la vigencia de los artículos impugnados.

El Consejo de Ministros acordó, el pasado 5 de abril, interponer este recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos de la ley vasca de Ordenación del Sistema de Seguridad Pública de Euskadi y pedir la suspensión de la norma hasta que se resuelva el asunto. El TC acordó el pasado 23 de abril admitir a trámite el recurso del Gobierno central.

En un comunicado, la Cámara vasca ha informado de que la Mesa ha acordado personarse en la citada cuestión de inconstitucionalidad, promovida por el presidente del Gobierno, contra los artículos 8.3 b), 49.1, 50 y 55 de la Ley del País Vasco 15/2012, de 28 de junio, de Ordenación del Sistema de Seguridad Pública de Euskadi.

Además, ha acordado delegar en la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejería (PNV), las facultades "más amplias posibles", tanto para el cumplimiento de los términos procesales correspondientes, como para la determinación de la representación y dirección letrada.

El Gobierno consideró que la ley es inconstitucional porque establece la participación de la Administración General del Estado en un órgano autonómico, el Consejo de Seguridad Pública, "lo cual se considera contrario al principio de autoorganización del Estado" y estimó que no se ajusta a lo establecido en la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Con fecha 23 de abril, el alto Tribunal afirmó que existen "fundamentos jurídicos suficientes" para la interposición del recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos de la ley vasca (art8.3 b), 49.1, 50 y 55)

Por ello, admite a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno central y, ha dado traslado "de la demanda y documentos presentados" al Congreso de los Diputados y al Senado, así como al Gobierno y al Parlamento vasco para que en el plazo de 15 días puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimen convenientes.