El juicio por el 'Caso Arroyo', que sentará en el banquillo al alcalde de Arroyo de la Encomienda (Valladolid), José Manuel Méndez, así como al político del PP Jesús García Galván y a otros cuatro imputados más por supuesta corrupción urbanística, se desarrollará definitivamente entre los próximos días 9 y 18 de julio, después de los cambios de fechas sufridos con motivo de los problemas de agenda de algunos de los abonados defensores personados en la causa.

Así se recoge hoy en una providencia de la Sección Segunda de lo Penal que preside Feliciano Trebolle, a la que tuvo acceso Europa Press en fuentes jurídicas, y en la cual se comunica a las partes que el juicio se iniciará el 9 de julio y proseguirá los días 10, 11, 12, 15, 16, 17 y 18.

En la misma, el magistrado presidente explica que el retraso—inicialmente se había fijado el comienzo para el 24 de junio y luego para el 8 de julio—"obedece a que en las fechas designadas en su día diversos abogados de las partes personadas tenían señalamientos en otros órganos judiciales, lo que impedía su comparecencia en aquellas fechas, al ser preferente, salvo en causas con preso, el órgano judicial que primero señala".

El Ministerio Fiscal solicita un global de 36,5 años de prisión y el pago de multas por un total de más de 2,1 millones de euros para los seis imputados.

En concreto, la acusación pública imputa dos delitos de cohecho (del artículo 419 del Código Penal), otros tantos de prevaricación y uno de malversación al primer edil de Arroyo, para el que solicita en conjunto diez años y medio de prisión, así como la inhabilitación para ejercer cargo público por un periodo de 27 años y el pago de multas que superan los 535.000 euros.

En el caso de Jesús García Galván, portavoz del PP en la Diputación y concejal en el Ayuntamiento de la capital, el Ministerio Público interesa para él dos años de prisión y multa de 316.720 euros por un delito de cohecho y un año de cárcel por otro de prevaricación urbanística, además de nueve años de inhabilitación por cada uno de ellos.

Además, el fiscal pide para Ramón López Casal y José Presas Zobra, representantes de la empresa gallega Mahía Grupo Inmobiliario S.L, penas de 14 y dos años de cárcel, respectivamente, junto con el pago de multas, por el mismo orden, de 851.500 y 180.000 euros, mientras que para el que fuera arquitecto municipal de la localidad, Buenaventura Conde Salazar, solicita cuatro años por de prisión, multa de 125.000 euros y 27 años de inhabilitación. Finalmente, para la apoderada de Mahía en Valladolid, María Iluminada Miguel Fernández, solicita tres años de prisión y el pago de 174.800 euros de multas, así como inhabilitación durante nueve años.

Petición de la acusación popular

Por su parte, la Asociación de Vecinos de Arroyo Siglo XXI, personada como acusación popular en la causa solicita para todos ellos un conjunto de penas que suman un total de 58,5 años de cárcel y el pago de multas por valor global de casi seis millones de euros.

En concreto, pide para Méndez un total de 16,5 años de privación de libertad, inhabilitación especial por 31,5 años y el pago de 3.485.000 euros de multa (por tres delitos de cohecho, uno de malversación y otro urbanístico), mientras que para García Galván interesa un total de seis años, 20 de inhabilitación y 475.000 euros de multa (por un delito de cohecho y otro de prevaricación urbanística).