El Servicio Público de Empleo del Principado impedirá la subcontratación de cursos de formación subvencionados en la próxima convocatoria de ayudas (2013), pero solo en el caso de entidades vinculadas a la organización beneficiaria.

Así lo ha anunciado el director del servicio, José Luis Álvarez, durante su intervención en la Comisión parlamentaria de Hacienda y Sector Público, convocada a raíz del informe de la Sindicatura de Cuentas sobre la convocatoria de ayudas del año 2009, que plantea dudas sobre esta cuestión.

Álvarez fue interpelado por esta cuestión, tanto por al diputada del PP, Susana López Ares, como por la representante de Foro, quien le ha incidido en si la posibilidad de que se impidieran todas las subcontrataciones, y no solo las referidas a entidades vinculadas.

El director del Sepepa se ha referido al marco legal, que permite la subcontratación de cursos de formación, y ha señalado que en el mencionado informe de la sindicatura solo se planteaban problemas con respecto al caso de entidades vinculadas.

En dicha convocatoria de 2009, la sindicatura planteó la falta de justificación del detalle de gastos en unos 561.000 de las subvenciones concedidas a UGT Asturias. Este jueves, en la misma comisión, el representante de UGT ha explicado que dicho detalle debería solicitarse al IFES, la entidad subcontratada en el 65 por ciento de la cuantía recibida, y la que ha desarrollado dichos gastosl.

IFES es precisamente una entidad vinculada a UGT. Según Álvarez, la imposibilidad de subcontratación las beneficiarias "ya no podrán presentar solo una factura, y tendrán que justificar toda la formación". Interpelado por la subcontratación no vinculada, ha defendido que "está marcada legalmente y tiene unos límites, no se puede subcontratar todo".

La diputada del PP ha planteado, como afirma la Sindicatura, la necesidad de que la entidades beneficiarias obligatoriamente hagan un seguimiento de la entidad subcontratada, y ha criticado que en el caso de 2009 UGT no fiscalizase la gestión de las ayudas recibidas por el IFES.

Costes indirectos

Álvarez ha explicado que el marco legal admite que no se justifiquen los gastos indirectos, siempre que no superen el 20 por ciento de la cuantía de la subvención. La diptuada de Foro Asturias, Carmen Fernández, ha plantado la necesidad de reducir tal cuantía, pero Álvarez se ha remitido a lo establecido en la orden europea, que es la que rige estas ayudas, subvencionadas en su mayor parte por el Fondo Social Europea, y que en 2009 alcanzó una cuantía de once millones de euros.

"Ya sabemos que es legal, pero sería conveniente que los beneficiarios aportasen una mayor justificación", ha señalado la parlamentaria. El responsable del Sepepa ha explicado que los servicios jurídicos no consideran necesario conocer esos gastos.

Cómo se construye la nota

La diputada del PP, Susana López Ares, ha incidido en la imposibilidad de conocer cómo se construyen las notas adjudicadas a cada solicitante, así como la lista de las mismas, para compararlas con el resto de aspirantes, "algo fundamental en una situación de concurrencia competitiva".

Álvarez ha señalado que la no publicación de la lista de adjudicatarios con sus respectivas notas fue un "error" de la convocatoria de 2009, observado por la Sindicatura, pero que se corrigió a partir de 2010. Sin embargo, la diputada ha criticado que solo se publica la nota final, y no "cómo se construye dicha puntuación, y en base a qué criterios".

El responsable del Sepepa ha vuelta a incidir en que los funcionarios que tiene a su servicio, "que saben de leyes", no lo consideran necesarios.

La diputada ha vuelto a recalcar este punto en su fijación de posiciones, criticando la "poca transparencia" en los criterios para decidir a quién se conceden estas subvenciones, recordando que en un 58 por ciento benefician a UGT, CCOO, Fucomi y FADE.

Más crítica aún se ha mostrado la diputada de Foro, quien cree que estas ayudas las utiliza el gobierno autonómico socialista "para buscar la complicidad de los sindicatos, y beneficiar también a la patronal", evitando huelgas y quejas de los agentes sociales. Además, ha recordado que los objetivos "no se han cumplido", basándose en los datos del aumento del paro.

Los representantes de Izquierda Unida y PSOE, Ángel González y Marina Pineda, han agradecido la aclaración del responsable del Servicio Público de Empleo, y han criticado que se utilice esta situación con el único fin de desprestigiar el movimiento sindical desde los partidos de derechas. "Vienen con el guión preconcebido y sueltan cualquier cosa, que algo quedará, en esa estrategia de desprestigio", ha reprochado Pineda, quien ha incidido en que en el informe de la Sindicatura no observa "ninguna irregularidad".