La Policía Foral ha detenido a 11 personas acusadas de un delito de estafa por un valor de casi 2 millones de euros que ha afectado a 21 empresas, que han presentado las correspondientes denuncias.

A los detenidos se les considera también presuntos responsables de los delitos de falsedad documental, insolvencia punible, blanqueo de capital, hurto y pertenencia a grupo organizado.

Los arrestados, según ha informado el Gobierno de Navarra en un comunicado, son 9 hombres (5 españoles y 4 búlgaros) y 2 mujeres (una de nacionalidad búlgara y otra ucraniana). A los detenidos les han sido incautados un total de 13 vehículos, varios de ellos de lujo, y se está investigando el destino final de 8 más.

Entre el material del que disponía la organización, destacan numerosos útiles y herramientas de construcción, cestas de navidad, lotes de vino y aparatos profesionales de sonido, entre otros.

La operación que ha posibilitado las detenciones se inició en abril de 2011, con la investigación de una vivienda unifamiliar en la Barranca en la que se reunían habitualmente personas de países del este europeo y españoles, varios de ellos con numerosos antecedentes penales.

La investigación fue realizada por parte de agentes del equipo de instrucción de atestados de la Comisaría de Alsasua, de Seguridad Ciudadana de Pamplona y del Área de Investigación Criminal.

Según ha explicado el Ejecutivo navarro, el hecho de que estacionaran en el lugar vehículos de alta gama, que eran utilizados por diferentes personas que se los intercambiaban, aumentó las sospechas de los policías, que identificaron a una pareja de jóvenes como inquilinos de la vivienda.

La propietaria es la mujer, que lo adquirió con 21 años, y el varón carece de actividad laboral conocida y cuenta con numerosos antecedentes por delitos contra la hacienda pública, insolvencia punible, amenazas, atentado, falsedad documental y estafa. No es titular de ningún bien inmueble en Navarra, pero figura como apoderado de 2 empresas y administrador de otras 2.

Mediante las diligencias practicadas, instruidas por el Juzgado de instrucción número 5 de Pamplona, se descubrió la presunta existencia de 5 empresas relacionadas con las personas que pasaban por la vivienda de las que se valían para realizar sus presuntas actividades delictivas de estafa, falsedad documental, insolvencia punible, blanqueo de capital, hurto y pertenencia a grupo organizado.

Una de las empresas fue presuntamente adquirida en noviembre de 2010 con la única finalidad de utilizarla como tapadera a la hora de realizar las estafas. Nunca ha desarrollado actividad económica pero para aparentarla acudían a la nave 3 supuestas secretarias que utilizaban vehículos de alta gama para dar sensación de solvencia económica, ha añadido el Ejecutivo.

Cuatro de las empresas de los detenidos se dedicaban a la construcción y a servicios de gestión y de adquisición, venta y promoción de inmuebles. De hecho llegaron a comprar una firma de cierto prestigio en el mundo de la construcción para valerse de su buena reputación y de sus balances de cuentas con el fin de crear confianza en sus futuras víctimas.

Actividad delictiva

Entre los posibles delitos descubiertos figura una estafa por cambio de titularidad de empresa. Tras haberlo realizado, pero teniendo todavía la confianza del banco, los acusados retiraron presuntamente fondos por valor de 55.000 euros de la cuenta de una de sus empresas.

Asimismo, a través de una empresa sin funcionamiento conocido y con buena reputación, realizaron pedidos amparándose en los informes favorables que recibía el proveedor en el caso de que llevase a cabo investigaciones.

Uno de los cabecillas realizaba, en nombre de la empresa, pedidos con pagos diferidos a 30 días o más con cobros en cuenta o con pagarés. Si el proveedor solicitaba datos de solvencia, la referencia que exhibían era la actividad de la empresa con sus propietarios anteriores.

En algún caso incluso realizaron un pequeño pago por anticipado, para dar confianza, pero inmediatamente después desaparecían sin que se volviera a saber de ellos, informa el Gobierno.

De este modo han estafado presuntamente a empresas de tejados, de maderas, de distribución de alimentación o de cerámicas. Los compradores conocían de antemano que los cargos van a ser devueltos, ya que la cuenta carecía de fondos.

También se valieron de los balances y de las declaraciones del IVA de la empresa adquirida, documentos que probablemente falsificaron, para comprar vehículos de alta gama de los que realizaban los primeros pagos en metálico, y el resto lo financiaban.

Al día siguiente de tener los vehículos eran transferidos a nombre de otro miembro de la organización, incumpliendo la prohibición de enajenación antes de que la reserva de dominio sea inscrita en la Dirección General de Tráfico, dejando el problema al comprador y la financiera. Incluso llegaban a denunciar el robo de los coches para ocultar las transmisiones ilícitas.

En un taller en irak

Estos vehículos los utilizaban en ocasiones durante una temporada, y otras veces eran sacados del país llegando a ser localizado uno de ellos en un taller de una lujosa marca en Irak. Las investigaciones se han extendido, además de a Irak, a Bulgaria y a diversas localidades de Andalucía.

Por otra parte realizaban presuntamente compras de material y maquinaria de construcción de elevado importe que vendían o utilizaban para reformas de sus propias viviendas. Para ello se valían de talones sin fondos y de su falso prestigio y su apariencia de solvencia empresarial para que las empresas les sirvieran el material.

También con pagarés que resultaron no tener fondos adquirieron costosas cestas de navidad y vinos de elevado importe. El hecho de realizar pagarés dirigidos a una cuenta bancaria en la que en ningún momento hubo intención de pagar, ni había fondos para ello, indica la intencionalidad de la propia estafa, señala la misma fuente.

Presumiblemente la información de balances de la empresa, la declaración del IVA u otros impuestos, son falsos, ya que la empresa carecía de actividad, según su antiguo propietario, desde hacía más de 8 años, y la organización la había adquirido en noviembre de 2010, por lo que resulta imposible que figure actividad alguna en 2009 y 2010.

De no ser por las investigaciones policiales, relacionando todos los hechos delictivos de la organización, sus actividades se hubiesen quedado, individualmente, en múltiples procedimientos civiles abiertos por impago (como se refleja en las correspondientes denuncias) contra una empresa declarada en quiebra, y con un administrador carente de bien alguno sobre el que se pudiera actuar, ha explicado el Gobierno.