En la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, el PP-A también solicita al Ejecutivo andaluz que facilite a las familias afectadas el acceso a las historias clínicas que se precisen, que traslade a diputaciones y ayuntamientos la necesidad de apoyar el cruce de datos entre libros de registro de nacimientos, defunciones, adopciones y prohijamientos y que ofrezca asesoramiento jurídico, ayudas económicas o atención psicológica a las asociaciones andaluzas de víctimas de bebés desaparecidos y mejorar la coordinación con ellas.

Junto a ello, los 'populares' también quieren que la Junta otorgue el reconocimiento oficial de víctimas a los afectados por el robo de hijos o hermanos y por las adopciones ilegales realizadas durante el período 1940-1990 conforme a la Declaración de los principios básicos de justicia para las víctimas de delito y del abuso de poder de la Asamblea General de Naciones Unidas.

En su opinión, el hecho de que en España, entre los años 40 y 90, desaparecieran un "número importante de bebés no admite dudas" pero sí "demasiadas incógnitas" que deben aclararse para evitar la "peregrinación dramática" que las madres y familiares de los bebés están protagonizando buscando respuestas, exigiendo justicia y reclamando reparación a tanto daño moral.

"No puede entenderse ni admitirse que ahora, bajo pretextos de todo tipo, se pongan obstáculos en la búsqueda de la verdad. Ya ha habido mucho sufrimiento como consecuencia de conductas exageradamente despiadadas", subraya el Grupo Popular, que pide "no permanecer impasibles ni reconfortados solo por nuestras palabras de pesar" y demanda "mayor implicación y colaboración para aclarar unos hechos que jamás debieron suceder y mayor sensibilización de todos a todos los niveles".

En este sentido, el PP-A también reclama a la Junta a que, a su vez, inste al Gobierno de España a seguir con las medidas puestas en marcha a través del Ministerio de Justicia, relativas a la realización de pruebas de ADN y facilitar el acceso a dichas pruebas a los afectados que hayan interpuesto denuncia; a apoyar a las asociaciones constituidas de búsqueda de bebés robados a través de un nuevo protocolo de atención a las víctimas que aporte orientación necesaria, y a continuar la colaboración del Ministerio Fiscal, "respetando siempre la independencia de la justicia".