Agentes de la Policía Nacional han detenido en Granollers (Barcelona) a Sven Olaf Kamphuis, un activista holandés de 35 años como responsable del mayor ciberataque de denegación de servicios DDOS de la historia que colapsó Internet, según informa el cuerpo policial en un comunicado.
Las investigaciones se iniciaron en Holanda después de que en marzo se detectaran una serie de ataques informáticos contra una compañía anti-spam, que también afectó a Estados Unidos y Reino Unido.
Considerado el mayor ciberataque del mundo, colapsó la red por los intentos de hacerse con el control de los servidores afectados.
El ataque DDOS provoca una sobrecarga de los recursos del sistema informático hasta que la red se ralentiza por los accesos masivos a la misma.
Los intentos por recuperar el control por parte de los servidores asaltados y los ataques de los ciberactivistas provocaron tal ocupación de la red que ésta se vio afectada a nivel mundial.
Iniciada la investigación policial, los agentes pudieron atribuir la responsabilidad de los ataques al grupo stophaus, cuyo organizador, un hombre nacido en Alkmaar (Holanda), residía en España, en un domicilio de Granollers.
Poseía un 'bunker informático'
Anteriormente, sin embargo, se constató que se desplazaba por diferentes puntos de la geografía española en una furgoneta que utilizaba como oficina informática móvil, dotada de diferentes antenas para escanear frecuencias.
En su casa, "un búnker informático", según la Policía, tenía numerosos equipos informáticos y la había establecido como su centro de comunicaciones, desde donde llegó a realizar entrevistas con distintos medios de comunicación internacionales a raíz de estos ataques informáticos.
Durante su detención el arrestado decía ser diplomático y "ministro de telecomunicaciones y asuntos exteriores de la república del Cyberbunker".
En el registro de su vivienda, en el que participaron policías holandeses, fueron intervenidos dos ordenadores portátiles y documentación diversa relativa a su actividad delictiva.
La operación, llevada a cabo por la Brigada de Investigación Tecnológica (UDEF Central) perteneciente a la Comisaría General de Policía Judicial, en colaboración con la Jefatura Superior de Policía de Cataluña, contó con el apoyo de las brigadas de delincuencia tecnológica de diferentes países como Holanda, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos.
La Policía Nacional remarca que "la perfecta coordinación internacional entre los países afectados fue clave para la investigación".
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