PSOE: La anulación del TC de la Ley de Derribos es un jarro de agua fría para los afectados y un aviso para el Gobierno

El PSOE ha opinado este viernes que la anulación del Tribunal Constitucional (TC) de parte de la reforma de la Ley del Suelo de Cantabria en materia de derribos supone un "jarro de agua fría para los afectados" y un "aviso" al Gobierno de Cantabria.
Miguel Angel Palacio
Miguel Angel Palacio
EUROPA PRESS

El PSOE ha opinado este viernes que la anulación del Tribunal Constitucional (TC) de parte de la reforma de la Ley del Suelo de Cantabria en materia de derribos supone un "jarro de agua fría para los afectados" y un "aviso" al Gobierno de Cantabria.

En un comunicado, el diputado socialista y expresidente del Parlamento regional, Miguel Ángel Palacio, ha precisado que el aviso al Ejecutivo regional es "por doble motivo".

Según ha apuntado, el primero de ellos es por que el TC da "validez constitucional" al párrafo de la Ley que obliga al Gobierno regional a evitar el desamparo de las familias afectadas y proceder al "realojo inmediato" cuando la vivienda sea el domicilio habitual de un propietario de buena fe.

En segundo lugar, Palacio afirma que el Gobierno, que, según ha señalado es la "institución condenada" por los tribunales, tiene la obligación "imperiosa" de dar una solución a todos los afectados.

En este sentido, el socialista se ha quejado de que el Gobierno "ha incumplido" su Plan de derribos pues —ha opinado— se comprometió con la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria a cumplir un calendario de ejecución de sentencias y de legalización de viviendas y hasta ahora no se ha legalizado "ninguna", al igual que tampoco se han ejecutado sentencias.

Palacio ha recordado que con la denominada coloquialmente como Ley de Derribos se pretendía proteger a los afectados con viviendas que tenían sentencias de demolición, reconociendo su derecho a recibir la indemnización antes de tirarlas.

El socialista ha subrayado que las familias con viviendas con sentencias de derribo son "víctimas inocentes" de las decisiones tomadas por el Gobierno regional y por los ayuntamientos que había concedido licencias ilegales.

Ha manifestado que su grupo parlamentario socialista acata la sentencia pero ha añadido que "seguirá impulsando todas las medidas necesarias para proteger los derechos de las familias y terminar con el conflicto".

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